“La obesidad afecta actualmente a alrededor de un cuarto de la población, y un 60% de los habitantes tienen sobrepeso” en América Latina y el Caribe, señala el informe, titulado “Perspectivas agrícolas 2019-2028” y realizado por la FAO y la OCDE . El texto señala la “triple carga de la malnutrición”, una mezcla de subalimentación, obesidad y falta de micronutrientes que crea “un problema de salud pública cada vez más grave”.
El fenómeno “parece seguir avanzando”, alertan los expertos de la FAO y la OCDE, “especialmente para los sectores pobres de la población, las mujeres, las poblaciones autóctonas, las personas de ascendencia africana y, en ciertos casos, los niños”.
Las tasas de sobrepeso y de obesidad, que son claramente superiores a los niveles medios mundiales desde hace más de 40 años, son “comparables” a los de los países de ingresos altos. Actualmente, la región se sitúa “en segunda posición en la clasificación mundial, justo después de América del Norte”, precisa el documento.
Al mismo tiempo, a pesar de que la producción agrícola y alimentaria en América Latina es “excedentaria”, la cantidad de personas en situación de inseguridad alimentaria “aumentó por tercer año consecutivo” .
Más que la disponibilidad de los alimentos, es su costo para los consumidores pobres lo que explica la degradación de la situación, según los expertos. La Organización Mundial de la Salud (OMS), otra agencia de la ONU, recomienda que la proporción de azúcares y materias grasas no supere el 10% y el 30%, respectivamente, de las calorías totales consumidas. Pero “parece que los hábitos alimentarios de la región no concuerdan con lo preconizado”, destaca el texto.
Los expertos alertan también sobre el fuerte alza del consumo de proteínas de origen animal, en una región donde la dieta solía ser rica en cereales, raíces, tubérculos y legumbres. El informe destaca algunas iniciativas de políticas públicas como la limitación de la publicidad de alimentos y bebidas procesados y el etiquetado nutricional detallado en los paquetes que implementó Chile, el impuesto a los alimentos vinculado a la salud en México y la ley sobre restauración infantil en Brasil.
