Bachelet, que viajó a Venezuela del 19 al 21 de junio, habló delante del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, al día siguiente de la publicación de un informe sobre el país latinoamericano, cuyo gobierno denunció un documento lleno de “errores”.
El informe indica que desde 2018, cerca de 7.000 personas fueron asesinadas en casos supuestamente por “resistencia a la autoridad”, según el gobierno, durante operaciones de seguridad.
Lea más: ONU exige a Maduro medidas para frenar “graves violaciones de DD.HH.”
“Las principales instituciones y el estado de derecho en Venezuela fueron erosionados”, declaró Bachelet.“Nuestro informe da cuenta de ataques a opositores reales o supuestos y a defensores de los derechos humanos, que van desde amenazas y campañas de difamación a la detención arbitraria, la tortura y los malos tratos, la violencia sexual, asesinatos y desapariciones forzadas”, agregó la Alta Comisionada.
En el documento, Bachelet pide a Caracas “disolver las FAES”, un cuerpo de élite de la policía nacional creado en 2017, y el establecimiento de un “mecanismo nacional imparcial e independiente, con el apoyo de la comunidad internacional, para investigar las ejecuciones extrajudiciales efectuadas durante las operaciones de seguridad” .
El informe detalla que en 2018, 5.287 personas fueron asesinadas en casos supuestamente por “resistencia a la autoridad”, según el gobierno, durante estas operaciones. Entre el 1 de enero y el 19 de mayo de este año, otras 1.569 personas fueron asesinadas, según Caracas.
Lea más: Enviado de Guaidó pide a la CIDH investigar muerte de militar venezolano.
El texto también señala que, hasta el 31 de mayo, 793 personas estaban privadas arbitrariamente de libertad y que, en lo que va del año, 22 diputados de la Asamblea Nacional fueron privados de su inmunidad parlamentaria, entre ellos su presidente Juan Guaidó, que desde enero intenta sacar al presidente Nicolás Maduro del poder. Ante el Consejo de Derechos Humanos, el viceministro de Relaciones Exteriores venezolano, William Castillo, reconoció las “debilidades” del sistema judicial de su país y que las instituciones policiales habían cometido “desviaciones puntuales”.
Pero Caracas “rechaza categóricamente (la acusación de) criminalización de los cuerpos de seguridad y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”, agregó. También defendió la acción del gobierno ante los “serios riesgos” para la seguridad nacional a los que se enfrenta Venezuela, como “planes de golpe de Estado” y amenazas de una “intervención militar extranjera” lanzadas por el presidente estadounidense Donald Trump.
Sanciones
Venezuela atraviesa una profunda crisis política con el pulso entre el presidente Nicolás Maduro y el opositor Juan Guaidó, jefe del Parlamento autoproclamado presidente interino y reconocido por unos 50 países.
El país sufre además una severa crisis económica, recrudecida por un embargo petrolero y sanciones financieras de Estados Unidos para tratar de deponer a Maduro.
De acuerdo con Naciones Unidas, más de siete millones de venezolanos, es decir un cuarto de la población, requieren ayuda humanitaria urgente. Bachelet ha criticado en múltiples ocasiones las sanciones contra Venezuela, apuntando especialmente a Estados Unidos.
El viernes, reiteró que las “últimas sanciones económicas agravan todavía más” la situación en el país, “teniendo en cuanta que la mayoría de los ingresos en divisas del país provienen de las exportaciones de petróleo, muchas de las cuales están vinculadas al mercado estadounidense” .
“Los efectos de estas sanciones parecen afectar a la capacidad del Estado para suministrar servicios de salud de base a la población”, insistió.
