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Barrios, que últimamente militó en el cartismo, dice que no puede litigar "en condición de igualdad” contra González por la “ligazón” y la “influencia” que tiene este en el Poder Judicial como legislador y ahora titular del Consejo.
Barrios, exdiputado, fue querellado por difamación, calumnia e injuria por los hermanos Roberto, Víctor (actual miembro del Consejo de Administración de Itaipú) y Cayo González (actual concejal municipal de Piribebuy), todos también políticos de Piribebuy. Los querellantes piden una indemnización de unos 700 mil dólares y tres años de cárcel, según el denunciado. La sentencia saldrá mañana en el juzgado a cargo del juez Víctor Hugo Alfieri Duria.
El querellado asegura que el diputado González va con frecuencia a la sede del Poder Judicial para traficar influencias. Dijo que suele aparecer a tempranas horas en las oficinas de la justicia antes de la actividad habitual en el lugar.
Barrios afirma que en la querella no se presentó ninguna prueba y que la demanda se basa en un audio de un minuto en el que habla una persona a quien no se le puede identificar y, asegura, que no es él. Enfatiza que tampoco se hizo ninguna pericia técnica para definir si es o no su voz y que los testigos presentados por los denunciantes son operadores políticos de los mismos en Piribebuy.
“El juez Afieri Duria solo me puede condenar si decide dar un regalo al diputado Roberto González por su elección como presidente del Consejo de la Magistratura, porque no hay ninguna prueba en mi contra”, insistió Barrios.
Barrios considera que los González le demandaron porque él con otros dirigentes cartistas en el 2015 pidieron la expulsión de la ANR de los hermanos por haber traicionado al partido en las elecciones municipales.
El dirigente ya denunció el año pasado que estaba sufriendo una “persecución política” del “clan González” y que inclusive perdió su puesto en Yacyretá a pedido del diputado.
El legislador en su momento calificó de antojadizas las acusaciones de Barrios y que sus supuestas presiones sobre jueces deberían ser probadas por el denunciante.