La compra de sillas por parte de Itaipú fue duramente cuestionada por varios sectores debido al alto costo de los muebles didácticos, dejando de lado a la industria nacional. Ante el presunto direccionamiento y sobrefacturación, el exdiputado Jorge Brítez y el exconcejal municipal de Ciudad del Este, Celso Miranda, presentaron la denuncia penal.
Se trata de una millonaria licitación de US$ 32 millones para la compra de conjuntos mobiliarios escolares pedagógicos, compuestos por una mesa y una silla, adjudicada por la entidad a la empresa importadora Kamamya S.A., de Long Jian.
Como el escrito de la denuncia fue presentado en mesa de entrada, la causa fue sorteada, cayendo en la Unidad Penal Nº 10, a cargo de Osvaldo Zaracho. Este explicó que tras comunicar al Juzgado Penal de Garantías, remitió el expediente a la Fiscalía Adjunta.
“Por resolución se remitió a la Fiscalía Adjunta para su toma de razón, en cumplimiento de un instructivo para que se pueda analizar la territorialidad, cuantía y especialidad. Una vez analizado, será remitido a una unidad especializada de la capital”, explicó el fiscal Zaracho.
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En el escrito de la denuncia, se detalla que hubo una manipulación documental por parte de la firma Kamamya SA., ya que presentó una constancia de registro industrial de 2023 como fabricante de muebles, pero en realidad se inscribió en esta actividad en diciembre de 2024, después del llamado a licitación.
Asimismo, se cuestiona que los pupitres escolares comprados en China costaron US$ 14,76 y fueron facturados a US$ 106, lo que representa una presunta sobrefacturación del 700%.
