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El Tribunal que dictó el fallo estuvo compuesto por los jueces Marino Méndez, Paola Benítez y Carlos González, quienes declararon culpable a Bravo González por acosar a sus subalternas.
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Los casos de acoso se produjeron de forma sistemática entre los años 2012 y 2020 en el cuartel del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ciudad del Este (CBVCDE), donde el ex vicecomandante supuestamente acosaba a las víctimas y les exigía mantener relaciones sexuales, a cambio de permanecer en la institución y recibir varios beneficios, como dinero, regalos y teléfonos celulares, si accedían a sus pretensiones.
Cuando las subalternas se negaban, el hombre las manoseaba y las maltrataba verbalmente, además de imponerles ejercicios físicos como forma de castigo. También utilizaba un lenguaje vulgar para referirse a ellas, describiendo explícitamente las posiciones sexuales a las que deseaba someterlas.
Las víctimas contaron que debido a los acosos sistemáticos se vieron obligadas a renunciar y quedaron con secuelas psicológicas, según el dictamen de una psicóloga del Ministerio Público.
Las mujeres optaron por reportar inicialmente el caso a los directivos del Cuerpo de Bomberos, a fin de encontrar una solución interna. Sin embargo, al no obtener respuestas decidieron denunciar el caso en la Fiscalía.
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Luego, tras varias presiones Bravo González fue procesado por la fiscala Cinthia Leiva y finalmente fue condenado a un año de prisión con suspensión a prueba de la ejecución de la pena y le ordenó someterse a tratamiento psicológico. La pena máxima prevista por este delito es de hasta dos años o multa.