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Los imputados con pedido de rebeldía son: Marcial Acosta Garayo, Eusebio Ayala Brítez y Rómulo Duarte, quienes son sindicados por el fiscal Víctor Adolfo Santander como presuntos responsables de la invasión de un establecimiento agroganadero situado en la colonia Toryvete de Hernandarias.
De acuerdo con el reporte fiscal, el 8 de agosto de 2024, los tres imputados, junto con aproximadamente 50 personas, ingresaron clandestinamente a un inmueble, cuya matrícula es K01/9565. Allí levantaron construcciones precarias de madera y carpa con la intención de instalarse en el lugar.
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La propiedad en cuestión se encuentra registrada a nombre de la firma Agroganadera Santa Felicidad SA, y está actualmente bajo administración de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados (Senabico) desde abril de 2024, por disposición del Juzgado Penal Especializado en Crimen Organizado.
La medida judicial había sido adoptada debido a que el ciudadano libanés Hussein Mounir Mouzannar, uno de los accionistas de Santa Felicidad SA es investigado por la justicia argentina por supuesta colaboración con los terroristas que mataron a 85 personas en el atentado ocurrido en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994.
La invasión fue denunciada por Luis Alberto Aquino Flores, quien alertó a la Policía sobre el atropello a la finca perpetrado por un grupo de unas 50 personas, que incluía hombres, mujeres y niños.
Los presuntos invasores se identificaron como miembros de la Federación Nacional Campesina, quienes en el momento del hecho, portaban machetes y palos de madera.
Intervenciones en la propiedad
Luego, los miembros de la fuerza pública verificaron el hecho y constataron la presencia de los invasores, quienes, al ser informados de la denuncia, se negaron a identificarse. Posteriormente, los intervinientes realizaron las primeras intervenciones en el área afectada.
Según los antecedentes, el ataque a la finca comenzó semanas antes. El 13 de junio de 2024, el administrador del lugar, Martín Cabral Gosling, ya había denunciado la ocupación parcial de la finca por parte de personas autodenominadas como “sin tierra”, quienes se habían instalado en un sector del inmueble.
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El 17 de julio de 2024, funcionarios del Ministerio Público se constituyeron en el lugar, donde confirmaron la construcción de varios ranchos precarios de madera y carpa por parte de los ocupantes. Se les informó que se trataba de una propiedad privada administrada por la Senabico, y se les entregó la documentación pertinente.
En un operativo posterior, realizado el 7 de agosto de 2024, el Ministerio Público, con la colaboración de agentes de la Policía Nacional, funcionarios de Derechos Humanos y representantes de la Senabico, llevaron a cabo un procedimiento de cese de hecho punible (similar al desalojo) y rectificación de conducta.
En esta intervención, al no encontrarse personas en el lugar, se procedió a la entrega formal de la propiedad a la Senabico.
Sin embargo, el 8 de agosto de 2024, el grupo de ocupantes regresó clandestinamente al sitio. A raíz de este nuevo hecho, la Fiscalía ordenó la detención preventiva de los tres supuestos líderes campesinos y presentó finalmente la imputación con el pedido de declaración de rebeldía.