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En su requerimiento final tras la etapa de investigación, los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y Verónica Chávez, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, acusaron y solicitaron el juzgamiento del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos (YoCreo), y de otras diez personas sindicadas de participar en un supuesto esquema de compra ficticia de alimentos por G. 306 millones
A Prieto y a Francisco Arrúa Álvarez, director de Administración y Finanzas de la Municipalidad, se les atribuyen los delitos de lesión de confianza, asociación criminal y administración en provecho propio en calidad de autores.
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La lista de acusados igualmente está integrada por Buena Ventura Morínigo, propietario de Tajy Servicios Generales (firma contratada); Emili Vanessa Florentín Páez y Robert Osmar Florentín Silvero, ambos accionistas de la empresa Vaneni SA, que figura como subcontratada para la provisión de alimentos.
También están acusados Maggi Farinha Almada, excoordinadora de UOC (Unidad Operativa de Contrataciones); Sebastián Martínez Insfrán, exdirector de Desarrollo Social y actual concejal municipal; y Alex Yamal Samhat González, jefe de la planta procesadora de alimentos de la Comuna.
Además de Higinio Ramón Acuña, jefe de Adquisición y Suministros; Cirle Alcaraz Ramírez, encargada de órdenes de pago; y Nelson Segovia Acevedo, tesorero de la Municipalidad.
Los nueve últimos son acusados como supuestos cómplices en los delitos de lesión de confianza y administración en provecho propio, mientras que por el delito de asociación criminal están apuntados como presuntos autores.
Objeciones a licitación
En la acusación de 72 páginas, los fiscales sostuvieron que la gestión municipal convocó una licitación para la compra de alimentos por la vía de la excepción, sin que se haya justificado la urgencia durante la pandemia del covid-19, en 2020.
Los alimentos habían sido adquiridos para la elaboración de panes y su distribución a familias de escasos recursos.
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Según los fiscales, la licitación estaba direccionada a Tajy Servicios Generales, ya que otras firmas invitadas pertenecen a una misma familia y algunas no estaban activas como proveedoras del Estado. La acusación sostiene que supuestamente no hay constancia sobre la entrega de los insumos comprados en la Municipalidad.
Con esta nueva acusación, suman dos los pedidos de juicio oral y público para el intendente Prieto y miembros de su gabinete municipal. El otro caso es similar y tiene como epicentro a la firma Tía Chela, y los fiscales hablan de un perjuicio superior a G. 2.000 millones.
En su defensa, el jefe comunal había asegurado que no hubo daño patrimonial a las arcas municipales y que todos los alimentos fueron entregados a las familias afectadas por la pandemia.