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Se trata de Junior Iván Brizuela, quien soporta cargos por la presunta comisión del hecho punible contra la Ley 1340/88 (narcotráfico) y sus modificaciones, así como contra la prueba documental, por la presunta falsificación del contrato y la certificación de firmas.
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De acuerdo a la causa investigada, en fecha 22 de noviembre de 2020, en un camino rural de la colonia Santa María del distrito de Itakyry, al norte del Alto Paraná, agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) recibieron la información de que en el lugar aterrizaría una avioneta de una organización dedicada al narcotráfico.
El piloto, al notar la presencia de los agentes antidrogas, volvió a tomar vuelo, pero luego se vio obligado a realizar un aterrizaje forzoso a unos 19 kilómetros del lugar. Antes de huir, procedieron a incendiar la aeronave para no dejar evidencias. Sin embargo, en el sitio fueron rescatados 1.655 kilogramos de droga.
En prosecución a la investigación, el Ministerio Público libró oficio a la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) solicitando un informe sobre las condiciones de dominio de la aeronave de referencia, lo que permitió confirmar que estaba registrada a nombre de Junior Iván Brizuela.
Luego, el 5 de agosto del año 2024, se presentó ante el Ministerio Público, el abogado de Brizuela para presentar un poder otorgado por el procesado y tomar intervención en la presente causa. Ese día agregó a la carpeta fiscal un contrato privado de compra-venta de la citada aeronave, de fecha 8 de mayo de 2020, entre el imputado Brizuela e Isaque dos Santos de Souza, con una hoja de certificación de firmas.
El fiscal solicitó un informe a dicha escribanía sobre la autenticidad del documento, y esta le informó que la hoja de certificación de firmas había sido sustraída de su oficina por Cristhian Ariel Rodríguez Cantero, autor confeso del hecho, contra quien incluso ya fue abierta una causa penal, ya finiquitada a la fecha. Asimismo, anexó la copia de su denuncia ante la Comisaría 11ª de Asunción por el hurto de certificación de firmas a la Corte Suprema de Justicia, Superintendencia General de Justicia.
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Al confirmarse que la avioneta era de su propiedad, se procedió a su imputación por la sospecha de que sería miembro de una organización dedicada al tráfico de drogas y por utilizar documentos no auténticos para tratar de desvincularse de la investigación.