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La Policía Nacional reportó un asalto armado en la subestación Tres Fronteras de la ANDE, ubicada en el barrio San Alfredo de Ciudad del Este, de donde los bandidos robaron alrededor de 65 metros de cable.
Según la denuncia presentada ante la Policía, en la madrugada del domingo pasado, seis hombres llegaron en un camión a la subestación de la ANDE y redujeron al guardia Francisco Miranda Aquino (63) para posteriormente alzarse con los cables con destino desconocido.
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La queja fue presentada por el ingeniero Ernesto Gabriel Alcaraz Funes, quien dijo que el guardia le comunicó el asalto al día siguiente del asalto y que presentó renuncia a su trabajo.
El caso fue comunicado al Ministerio Público y a agentes del Departamento de Investigación de Delitos de la Policía Nacional para el inicio de las pesquisas.
Los robos de cables de la ANDE es común en esta región; aunque es inusual que ocurra en un asalto masivo. Generalmente las sustracciones de los conductores eléctricos son perpetradas por personas en situación de calle y con problemas de adición.
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La venta de cobre de los cables robados se convirtió en una de las fuentes de recursos para la compra-venta de drogas en el ámbito del microtráfico.
Ley para evitar fuga de impuestos que supera los U$S 100 millones
En el congreso se analiza un proyecto de ley “Que regula el comercio de residuos de metales ferrosos y no ferrosos, y plásticos de polietileno tereftalato”, con lo que se pretende controlar que no haya evasiones y también para evitar el hurto que tienen relación con el reciclaje.
De acuerdo con los proyectistas, existe una fuga de más de U$S 100 millones en impuestos debido a la subfacturación por parte de los exportadores de residuos. Estos exportadores declaran valores subfacturados para eludir obligaciones legales y evaden impuestos aplicables, moviendo dinero a través del sistema informal de transferencia “HAWALÁ”, ejecutado mediante casas de cambio y evadiendo controles estatales, indica el comunicado del Senado.
De acuerdo a lo expresado por uno de los voceros de Conaderna, Carlos Zelaya, existen cuatro empresas que trabajan de manera ilegal. Al año evadirían en tributos cerca de U$S 25 millones cada una, totalizando los U$S 100 millones entre las cuatro. Como ejemplo dijo que para pagar menos en impuestos, venden una tonelada de metal a solo U$S 120 cuando los legales comercializan a U$S 8.000.