Cargando...
Los sentenciados son Luis Rodrigo Gamarra Espínola y José Ayala Lezcano, quienes fueron declarados culpables por el delito de estafa y sancionados a tres años de prisión durante un juicio oral y público que se llevó a cabo en Ciudad del Este.
El Tribunal de Sentencia, conformado por Margarita Martínez, Gloria Vera y Diego Duarte, concluyó que los acusados son responsables de un esquema de estafa en perjuicio de una familia de productores agrícolas de la zona sur de Alto Paraná.
Lea también: ¡Atención! Siguen los intentos de estafa con noticias falsas de famosos
Según la acusación del fiscal Alberto Torres, los condenados libraron cheques por valor de unos 370.000 dólares americanos que fueron usados para perpetrar una estafa contra la familia Peloia.
En la causa también está procesado Luis Álvarez Ayala (prófugo), quien es apuntado sobre el brazo ejecutor del millonario golpe a la familia de productores.
Antecedentes
Según los antecedentes, en septiembre de 2022, Álvarez Ayala se había acercado a las víctimas con interés de comprar su carga de maíz por un buen precio, alegando que se dedica a exportar los granos a Uruguay.
La primera transacción fue 150 toneladas de maíz y Álvarez Ayala entregó un cheque de 22.0000 dólares americanos con pago diferido. Luego, el comprador adelanta el pago en efectivo, en una estrategia para ganar la confianza de los productores.
Le puede interesar: Así funciona el sistema de estafa a través de llamadas o mensajes
Posteriormente, muestra interés en comprar toda la producción de maíz de la familia Peloia consistente en 2.809 toneladas. Esta vez Álvarez Ayala entregó varios cheques por valor de 370.000 dólares con pago diferido. Pero una vez llegada la fecha de pago, las víctimas intentaron efectivizar y encontraron que los cheques correspondían a cuentas canceladas.
Los afectados iniciaron una investigación particular y descubrieron que Álvarez Ayala antes de la compra de la carga de maíz se presentó a una cooperativa de Itapúa para acordar la venta de los granos.
El abogado querellante Mario Vega comentó que la cooperativa realizó transferencia bancaria a los acusados por la venta de los granos y que las cuentas rápidamente fueron vaciadas. Mencionó que los procesados afrontan al menos dos causas penales por estafas con igual modus operandi.
Las familias afectadas por los golpes quedaron con millonarias deudas y algunas hasta se desprendieron de bienes para cubrir el agujero.
La condena aplicada a los acusados es menor a la pena solicitada por la Fiscalía y la querella, que pretendían seis años al sostener que también se configuraba el delito de asociación criminal.