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La nueva denuncia contra el intendente Miguel Prieto Vallejos (YoCreo) por supuesto desvío de fondos en la mensura judicial de la finca 66 fue presentada en la Fiscalía de Ciudad del Este. La acción es por el presunto delito de lesión de confianza y afecta también a otros posibles implicados.
Según los antecedentes, el 19 de mayo de 2021, el intendente Miguel Prieto otorgó un contrato de G. 2.673 millones a la firma Geocad Consultoría, Topografía y Ambiental de Jorge Daniel Quintana, para los trabajos de mensura judicial y actualización de catastro de la finca 29295 (más conocida como finca 66).
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Se trata de un sector de la ciudad donde hay conflicto por la titularidad de inmuebles entre la Municipalidad y particulares, y donde se registraron desalojos violentos de los ocupantes.
Los denunciantes solicitaron a la Fiscalía investigar cinco ítems del contrato de la mensura judicial y consideran que se consignaron montos exorbitantes para supuestamente desviar los fondos municipales.
Los ítems objetados
Uno de los puntos cuestionados de la licitación es referente al estudio de los antecedentes del título de la finca estimado en G. 267.300.000. De acuerdo a los denunciantes, este trabajo solo cuesta G. 5.381.350 invocando la ley de honorarios de escribanos.
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Los accionantes también objetaron el pago de G. 267.300.000 por amojonamiento de la finca en litigio, pero que en la resolución judicial de la mensura no se ordenó el amojonamiento de la finca que actualmente está dividido en miles de lotes.
Igualmente se denunció el desembolso de G. 267.300.000 para la publicación de la mensura; sin embargo, el único pago documentado por publicación es respecto a un edicto divulgado en en diario de circulación nacional con una factura de G. 585.000.
De igual modo, se cuestionó el desembolso de G. 267.300.000 a la firma Geocad para gestionar la constitución judicial a la finca 66. Según los denunciantes, el juez a cargo del juicio se constituyó a la finca el 8 de noviembre de 2021 y que no tuvo cobertura de los gastos debido a que la demandante es la Municipalidad.
Por último, los miembros de la Contraloría Ciudadana criticaron el pago de G. 267.300.000 para el acompañamiento de funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y del Servicio Nacional de Catastro. Indicaron que para ese trámite el Departamento de Geodesia del MOPC no cobra tasa, mientras que Catastro solo percibe un arancel de G. 25.000.
Denuncia número 41
Con la nueva denuncia presentada, el intendente esteño acumula 41 causas abiertas en su contra en la Fiscalía, de las cuales dos derivaron en imputaciones. Se trata de dos casos de compra de alimentos ocurridos durante la pandemia del Covid-19.
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Todas las denuncias fueron desacreditadas por Prieto Vallejos, quien asegura que las acciones provienen de activistas políticos interesados en la Municipalidad y que pretenden cobrar millonarios montos en demandas instauradas con el Gobierno Distrital.