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La comitiva se dirigió a un tinglado en la zona conocida como Samu’u, en la ciudad de Hernandarias, donde los técnicos detectaron una manipulación en el borne del medidor, el cual estaba registrado a nombre de Sandra Elizabeth Franco Olazar.
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En el lugar se realizaban actividades de criptominería, motivo por el cual el caso fue denunciado ante la Unidad Fiscal N° 8 de Ciudad del Este, a cargo del fiscal Julio César Paredes.
Posteriormente, con una orden emitida por el Juez Penal de Garantías, Nelson Ojeda, se procedió a ingresar al inmueble, donde se verificó una carga de 2.151 kW, mientras que el medidor de facturación solo registraba 749,5 kW.
El cálculo reveló que el consumo no registrado generaba un perjuicio patrimonial estimado en G. 461.039.000 mensuales, monto que deberá ser abonado por la propietaria del inmueble.
Desmantelaron los equipos
Durante el operativo, el fiscal a cargo ordenó la incautación de 693 procesadores de datos en funcionamiento y un transformador de 4.000 kVA sin placa ni número de serie. Estos equipos fueron trasladados al depósito del Ministerio Público, ubicado en el barrio Fátima de la capital departamental.
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Los técnicos explicaron que, mediante el sistema SCADA, realizaron un análisis de la carga en el alimentador que abastece la zona, lo que les permitió obtener el historial del suministro. Este análisis reveló una notable diferencia con los registros anteriores.