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Los integrantes de la Contraloría Ciudadana presentaron hoy en el Ministerio Público de Ciudad del Este una nueva denuncia contra el intendente Miguel Prieto (YoCreo), que tiene varias causas judiciales en su contra.
La presentación es por los supuestos delitos de lesión de confianza y asociación criminal y afecta también a Luma Magdalena Silva Battochi. La investigación quedó según el sistema aleatorio, a cargo del fiscal Luis Trinidad, aunque es probable que sea remitida a la Unidad de Delitos Económicos, con sede en Asunción.
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Según la denuncia, el intendente adjudicó cinco licitaciones de obras por valor superior a G. 10.000 millones a la firma SCDE SA, ligada a Silva Battochi. Esta última es funcionaria del sector de Gestión de Cobranzas de la municipalidad esteña.
Los denunciantes indicaron que la empresa contratada anteriormente operaba con la denominación de Golden Rouge SA y explotaba una discoteca. La mujer aparece como accionista de esta firma en el acta de constitución.
Cambio de denominación
Luego, en 2021 la empresa pasó a denominarse SCDE SA y como representantes legales figuran Samara Aguirre y Lilian Benítez Villalba. La actividad principal de la firma es ahora la construcción.
Los denunciantes mencionaron que el esposo de Silva Battochi, Juan Esteban Quiroga, también es funcionario municipal y funge de titular de la Secretaría de la Vivienda de la Municipalidad.
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Igualmente, manifestaron que Samara Aguirre (representante de SCDE SA) y su pareja Pedro Alvarenga Sánchez son cercanos al intendente, concejales y parlamentarios del equipo de YoCreo.
Magdalena Montiel, miembro de la Contraloría Ciudad del Este, dijo que la empresa SCDE SA inicialmente fue contratada para obras de empedrado a través de transferencias a comisiones vecinales y después empezó a ganar las licitaciones.
Montiel afirmó que la empresa no cuenta con capacidad técnica en el rubro de la construcción, pues nadie de su directorio está formado en arquitectura o ingeniería civil. Sostuvo que por esa razón las obras de las empresas siempre estaban retrasadas y que la municipalidad tampoco estableció una pena punitoria por el atraso.