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La superpoblación del penal de Ciudad del Este genera graves problemas que incluyen inseguridad, insalubridad y corrupción. Este establecimiento había sido habilitado solo para 500 personas y en la actualidad alberga más del triple de su capacidad.
Benjamín Ozuna, director del penal, relató que desde que asumió el cargo se enfocó en mejorar la salubridad del penal, ya que en varios sectores muchos reos estaban en condiciones infrahumanas. En algunas celdas están tan amontonados que solo caben sentados, incluso para la hora de dormir.
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“Tenemos pequeños pabellones que aglutinan a 250 personas en un estado deplorable. Sin embargo, en la penitenciaría de Minga Guazú van a estar máximo cuatro personas por celdas, en bloques distantes de acuerdo al hecho punible”, expresó.
Desde hace varios meses se espera la mudanza del penal a la nueva sede de Minga Guazú, que será dotada de alta tecnología y se buscará mejorar la reinserción social de las personas privadas de su libertad. Sin embargo, el traslado sigue esperando, pues aún faltan servicios básicos.
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Hace unos días, Ozuna acudió a la Junta Departamental para poner a conocimiento de las autoridades que ya iniciaron los procesos para la mudanza con la capacitación de los guardiacárceles. El objetivo es regular esta labor mediante la ley de agentes penitenciarios que está en el Congreso.
Para el proceso de mudanza se creó una comisión integrada por representantes de varias instituciones. En principio, al nuevo penal serán enviados solo los condenados, principalmente las personas que necesitan un resguardo más seguro, extranjeros con riesgo de fuga, entre otros. Igualmente, los no condenados que son especiales, así como los que generan inestabilidad dentro de la población penal.
Para el nuevo penal se prevé un fuerte enfoque de reinserción social de los presos, mediante convenios con otras instituciones y ONG que trabajarán mediante una coordinación departamental.
Reducir el ingreso al penal
Benjamín Ozuna manifestó que para reducir la excesiva población se requiere un trabajo conjunto que involucre a toda la sociedad, considerando que todos los días se registran nuevos ingresos, en su mayoría de personas jóvenes.
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Lo preocupante del penal es que los privados de su libertad son procesados pero no tienen una condena firme y totalizan 1.010 personas.
Según denuncia de abogados, esto se debe a una grave mora judicial debido al lento avance de los procesos penales y la sobrecarga de los juzgados de sentencia. Igualmente, afirman que hay muchos presos que deberían estar respondiendo los procesos en libertad y, en contrapartida, se libera a peligrosos delincuentes.