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En la recta final de juzgamiento, el fiscal Alcides Giménez Zorrilla solicitó en su alegato una condena de cuatro años para el senador no juramentado Rafael Esquivel (Cruzada Nacional), alias Mbururú, quien está acusado de encabezar un violento incidente en una granja de Ciudad del Este.
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Para el fiscal Giménez Zorrilla, la culpabilidad de Mbururú es incuestionable y dijo que en los videos exhibidos en juicio se verifican cuando el acusado instigaba a sus acompañantes para hostigar y robar los celulares a los integrantes de la familia Montalbetti.
El suceso ocurrió en la mañana del 12 de octubre de 2019 en la granja La Sonrisa, ubicada en el barrio Don Bosco de Ciudad del Este. El doctor Gustavo Arias (fallecido) y Fabrizio Sugastti fueron agredidos; además, fueron despojados de sus aparatos celulares al igual que Panambi Arias Montalbetti.
En su alegato final el fiscal Giménez igualmente resaltó los testimonios de agentes agentes policiales, quienes coincidieron en que las víctimas constantemente pedían auxilio ante los reiterados hostigamientos y que el grupo de Mbururú era muy hostil.
Una de las víctima tuvo un infarto en medio del conflicto
Según el representante del Ministerio Público, el daño de los hechos ilícitos es significativo, ya que costó la vida a Gustavo Arias que tuvo un infarto en medio de los constantes amedrentamientos. También indicó que las demás víctimas quedaron con secuelas irreversibles.
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Por otro lado, el fiscal Giménez solicitó una pena de dos años al coacusado Robert Sosa Prieto, a quien consideró responsable solo por el delito de coacción grave. Según el fiscal, Sosa Prieto estaba en el grupo que coaccionaba a la familia Montalbetti.
Por su parte, el abogado querellante Víctor Enriquez enfatizó que acorde a las declaraciones testificares Mbururú estaba armado en el altercado y al ser filmado ordenó el robo de los celulares ajenos. También indicó que en un audiovisual se le escucha cuando ordenaba a sus acompañantes a esconder un “30″, en referencia al arma de fuego.
En otro momento, recordó que los hostigamientos incluían hasta invocación al grupo criminal EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo).
Los abogados querellantes solicitaron, a su vez, una condena de seis años para Mbururú.