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Para las 9:00 de este jueves, el juez Humberto Otazú Fernández, titular del juzgado especializado en Delitos Económicos con sede en Asunción, convocó al intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos (YoCreo), para la audiencia de imposición de medidas. Es en el caso conocido como Tía Chela.
Para este jueves también fueron convocados los coimputados Francisco Arrúa, secretario general de la Municipalidad; Sebastián Martínez, actual concejal; Maggi Fariña, ex coordinadora de Contrataciones Públicas; José Félix Cáceres Galeano, jefe de Desarrollo Comunitario; y Julián Benítez Gamarra, jefe de Almacenes.
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Mientras que para el viernes deberán comparecer Higinio Ramón Acuña, jefe de Aquisición; Cirle Alcaraz Ramírez, encargado de órdenes de pago; Nelson Segovia Acevedo, tesorero; Fermín Ávalos Britos, representante de Tía Chela SRL; Emili Vanessa Florentín Páez, dueña de la firma Vanemi SA.
La imputación
Los citados fueron imputados por los fiscales Alcides Corbeta, Rodrigo Estigarribia y Alma Zayas por supuestamente estar implicados en una supuesta compra fraudulenta de alimentos, durante la pandemia en 2020. La Fiscalía solicitó al juzgado el arresto domiciliario para los procesados.
Según la imputación fiscal, la Municipalidad esteña habría sufrido un perjuicio patrimonial de G. 1.769.790.000 a raíz de la compra de los alimentos efectuada en 2020 mediante una licitación convocada por la vía de la excepción y adjudicada a la firma Tía Chela SRL.
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La hipótesis fiscal sostiene que la empresa contratada Tía Chela SRL no contaba con capacidad técnica ni financiera para proveer los alimentos por G. 2.949.650.000. Tampoco se tiene trazabilidad de los productos que había adquirido de sus proveedores. Además, en la lista de beneficiarios aparecen personas residentes fuera del país y de Ciudad del Este.
En su defensa, el intendente Prieto Vallejos afirmó que todas las cestas de alimentos fueron entregadas a las familias afectadas por la pandemia y que la entrega está documentada incluso georeferenciada.