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La denuncia presentada por el intendente de esta capital departamental, Miguel Prieto Vallejos (CDCDE), es por persecución del inocente y uso de documento público de contenido falso, contra los tres agentes fiscales citados. Según la acción, los fiscales no reunieron los requisitos para una imputación en su contra como de otras diez personas, entre funcionarios y concejales municipales.
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La denuncia se presentó por escrito bajo patrocinio del abogado Guillermo Ferreiro Cristaldo. En la misma, Prieto sostiene que el acta de imputación en su contra carece de elementos básicos para un proceso penal. ”De la simple lectura del acta de imputación se desprende la no descripción de hechos atribuidos a los imputados, en especial a mi persona. La ausencia total de enumeración de elementos indiciarios en los que se basa y la ´suposición´ como único elemento de sustento”, refiere una parte de la denuncia.
Igualmente refiere que menciona informes de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), pero sin enumerar a qué tipo de informes se refieren, la fecha de los mismo, el periodo que abarcan, ni la cantidad y montos de las transacciones que constan en los mismos.
”Me han sometido a proceso y han solicitado medidas cautelares privativas de libertad en mi contra, describiendo hechos de terceros y utilizando documentos falsos, lo que constituye hechos punibles tipificados en los Artículos 252 y 310 del Código Penal”, dice también la denuncia.
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Antecedentes del caso
El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos y otros diez implicados, soportan cargos por lesión de confianza, tras ser imputados por una presunta compra fraudulenta de 25.000 kits de alimentos durante la pandemia. Según la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y Rodrigo Estigarribia, la Municipalidad esteña habría sufrido un perjuicio patrimonial de G. 1.769.790.000 a raíz de la compra de los alimentos efectuada en 2020 mediante una licitación convocada por la vía de la excepción y adjudicada a la firma Tía Chela SRL.