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La denuncia contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos (YoCreo), fue presentada este jueves en la oficina de Mesa de Entrada de la Fiscalía Regional. El abogado Víctor Enriquez patrocinó la acción por presunto desvío de G. 150 millones.
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Enriquez explicó que, a través del acceso a la información pública, descubrieron que la Asociación de Pescadores del Río Paraná había solicitado a la Municipalidad la entrega de fondos para la compra de una embarcación y herramientas.
Luego, la Comuna suscribió un contrato con la asociación de pescadores y autorizó el desembolso de G. 150 millones en un cheque y la comisión beneficiada debía entregar las facturas legales de compra en el plazo de 20 días.
“Resulta que al día siguiente, el 14 de diciembre de 2022, cerca del fin del año, para la Navidad de los muchachos, la Asociación de Pescadores le entrega una factura emitida por la propia Asociación de Pescadores a la orden de la Municipalidad de Ciudad del Este por compra de embarcaciones y herramientas”, explicó el profesional del derecho.
Según los denunciantes, la compra de la embarcación y de las herramientas solamente se puede justificar con facturas legales emitidas por las casas comerciales o empresas que vendan esos productos. “Sin embargo, la propia asociación le factura a la Municipalidad porque supuestamente le vendió la embarcación y herramientas para pescadores”, recalcó Enriquez.
Delitos denunciados
La denuncia es por los supuestos ilícitos producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, producción mediata de documentos públicos de contenido falso, lesión de confianza y asociación criminal. También está dirigida contra el exdirector de Desarrollo Social de la Municipalidad y actual concejal municipal Sebastián Martínez (YoCreo).
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Martínez dijo que el 14 de junio de 2021 dejó de ser director de Desarrollo Social, dependencia donde se tramitan las transferencias a comisiones, y que no tiene vinculación administrativa con el caso denunciado. Los denunciantes pretenden ensuciarle con cualquier acusación, añadió.
La Contraloría Ciudadana había presentado otras denuncias contra el intendente Prieto y miembros de su gabinete en reiteradas ocasiones. La última presentación fue el 8 de agosto pasado por supuestas irregularidades en transferencias a comisiones vecinales para obras.
El intendente Prieto Vallejos, el concejal Martínez y otras nueve personas habían sido imputados por la Fiscalía por supuestamente causar un daño patrimonial G. 1.769 millones en la provisión de kits alimenticios en 2022, durante la pandemia. La sospecha surgió a raíz de la inconsistencia contable de la empresa proveedora Tía Chela SRL, de Fermín Ávalos Britos.