Cargando...
En la sesión ordinaria de la Junta Municipal convocada este martes ingresó oficialmente un pedido de autorización del ejecutivo comunal para la convocatoria de una licitación para compra de productos alimenticios por un monto estimado de G. 2.850 millones.
Lea también: Junta autoriza llamados a licitación por G. 12.755 millones en CDE
La propuesta de licitación fue remitida a las comisiones asesoras de la Junta para su estudio y emisión de dictamen antes de su tratamiento en la plenaria.
La licitación con ID 423397 es para la adquisición de productos farmacéuticos y medicinales, insumos y reactivos, y equipos odontológicos y otros. En total se requieren 61 artículos desde abrazaderas de laboratorio hasta sillas de ruedas.
Por otro lado, el intendente Miguel Prieto Vallejos (YoCreo) comunicó a la Junta que la licitación para alquiler de maquinaria y equipos, que tiene un presupuesto referencial de G. 2.855 millones y fue adjudicada a la firma unipersonal Fredy Guzmán Martínez Báez.
Pedido de informes sobre compra de alimentos
Los concejales aprobaron un pedido de informe detallado al ejecutivo municipal sobre la licitación de compra de alimentos concretada durante en la pandemia, que derivó en la imputación del jefe comunal y otros 10 supuestos implicados.
Le puede interesar: Imputan a Miguel Prieto por supuesta compra fraudulenta de alimentos
La propuesta fue planteada por el edil Sebastián Martínez (YoCreo), coimputado en la causa caratulada como presunta lesión de confianza. Martínez dijo que con la imputación se pretende dar un golpe político municipal con la intención de abrir camino a la ANR.
Los concejales colorados Ernesto Guerín, Jaime Méndez, Federico González y Liz Pereira intentaron dejar sin quórum la sesión al retirarse del recinto para evitar el debate sobre el pedido de informe. Sin embargo, la concejala Alison Anisimoff (YoCreo) regresó justo a tiempo del sanitario para que completar la cantidad necesaria de integrantes para la plenaria.
Los fiscales Alcides Corbeta, Alma Zayas y Rodrigo Estigarribia sostienen que hubo perjuicio patrimonial de unos G. 1.700 millones con la compra de cestas básicas, ya que encontraron que el proveedor Tía Chela SA no justificó ante la SET la compra de alimentos por ese monto.
El abogado Guillermo Ferreiro, defensor de Prieto, dijo que la Fiscalía pretende atribuir la responsabilidad tributaria del proveedor al intendente y aseguró que no se constata daño patrimonial, ya que todos los alimentos fueron distribuidos a las familias afectadas por la pandemia.