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El abogado Guillermo Ferreiro Cristaldo asumió la defensa del intendente de Ciudad del Este Miguel Prieto Vallejos (YoCreo) y del exdirector de Finanzas de la Municipalidad, Francisco Arrúa, en la causa por supuesta compra fraudulenta de alimentos, y solicitó la suspensión de imposición de medidas convocada para este viernes 28 de julio.
El abogado defensor alegó que tiene previsto un viaje a Argentina entre el 25 y 28 de julio y presentó al juzgado de Delitos Económicos, a cargo de José Agustín Delmás, constancia de los pasajes aéreos comprados antes de la fecha de imputación.
En la audiencia el juez Delmás decidirá si aplica o no el arresto domiciliado para Prieto Vallejos y otros 10 imputados que solicitó la Fiscalía.
Celeridad de investigación contra Miguel Prieto
Por otro lado, Ferreiro Cristaldo solicitó el diligenciamiento de todas las pruebas que los fiscales Alcides Corbeta, Rodrigo Estigarribia y Alma Zayas consideren pertinentes para aclarar el caso, en el plazo de seis meses.
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Según la defensa, con la celeridad en la investigación se evitará una innecesaria prórroga extraordinaria y luego una eventual sobreseimiento provisional “que dilaten intencionalmente el proceso” para alargar el proceso unos 4 años. Ferreiro Cristaldo advierte que se pretendería extender el proceso para mantener a Prieto en carácter de imputado en las proximidades de las elecciones generales.
En su escrito el abogado defensor igualmente sostuvo que la Fiscalía “ha sido instrumentada políticamente” y dice que su solicitud es para realizar lo antes posible el juicio oral y público en la causa caratulada por presunta lesión de confianza.
Según la imputación fiscal, la Municipalidad esteña habría sufrido un perjuicio patrimonial de G. 1.769.790.000 a raíz de la compra de los alimentos efectuada en 2020 mediante una licitación convocada por la vía de la excepción y adjudicada a la firma Tía Chela SRL.
La hipótesis fiscal indica que la empresa contratada Tía Chela SRL no contaba con capacidad técnica ni financiera para proveer los alimentos por G. 2.949.650.000. Tampoco se tiene trazabilidad de los productos que había adquirido de sus proveedores. Además, en la lista de beneficiarios aparecen personas residentes fuera del país y de Ciudad del Este.
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En su defensa, el intendente Prieto Vallejos afirmó que todos las cestas de alimentos fueron entregadas a las familias afectadas por la pandemia y que la entrega está documentada incluso georeferenciada.