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Tras ser procesado por los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y Rodrigo Estigarribia, el intendente de Ciudad del Este Miguel Prieto Vallejos (YoCreo) sostuvo que la imputación en su contra es “una mentira” y que la entrega de los 25.000 kits de alimentos se encuentra totalmente georeferenciado.
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El intendente Prieto dijo en Abc Cardinal dijo que la Fiscalía tiene derecho para dudar, pero considera que en su caso “están inventando cosas y buscando manipular información para atribuirme un hecho”.
Según la imputación fiscal, la empresa contratada Tía Chela SRL no contaba con capacidad técnica ni financiera para proveer los alimentos por 2.949.650.000 guaraníes. Tampoco se tiene trazabilidad de los productos que había adquirido de sus proveedores. Además, en la lista de beneficiarios la mayoría son residentes fuera del país y de Ciudad del Este.
Prieto Vallejos mencionó que gente de la Fiscalía, de la Contraloría, de la Cruz Roja, de la iglesia y de la Universidad Nacional del Este había acompañado la entrega de los alimentos.
Alega urgencia de compra
“Me parece una barbaridad que dicen que hay un faltante de G. 1.700 millones. Yo entendía a lo que me jugaba al mantenerme en la oposición, al nunca arrodillarme a superpoderes que hoy están. No faltó un kilo de azúcar, no faltó un kilo de fideos, no faltó absolutamente nada”, añadió.
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El fiscal Corbeta sostuvo que la licitación fue por la vía de la excepción -un trámite menos burocrático y sin control de la Junta- en vez de un proceso de licitación pública nacional.
Prieto Vallejos recordó que en aquel entonces estaban vigentes las restricciones de la pandemia y que había un desespero de la gente por la situación económica. “Había gente golpeando su olla frente a mi casa. Era un momento jodido y la gente venía y nos venía a atropellar pidiendo comida. Claro que estábamos apurados por darles resultados.
Consultado su vínculo con Emily Vanesa Florentín, dueña de la empresa Vanemi SA (proveedora de Tía Chela SRL), dijo que fue su pareja sentimental en 2011 y negó que esté ligada con los dueños de Tía Chela.
Los fiscales solicitaron el arresto domiciliario de los once imputados por el caso Tía Chela SRL; además, solicitaron su incomunicación con funcionarios de la Municipalidad esteña.
“Se veía venir. Acá en nuestro país tenés que ser narco o lavador de dinero para estar libre. Pero si trabajas por la gente te persiguen. No vamos a llorar por eso, vamos a tratar de defendernos, yo creo todavía que hay gente que se va a pelear acá para que se haga justicia. Tampoco tengo miedo a la cárcel si piensan que me van a silenciar de esa manera, yo les aviso que no me voy a callar y no voy a retroceder”, recalcó.
El local de Tía Chela SRL funcionaba en un edificio ubicado en el Área 4 de Ciudad del Este. Hace dos años se cerró.