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La comitiva municipal integrada por el jefe comunal, además de concejales se constituyó en el barrio Che La Reina de Ciudad del Este donde esta mañana se desató un enfrentamiento a causa de un intento de desalojo.
La reunión estuvo muy caldeada, pues lo pobladores afirman que no están dispuestos a dejar las casas donde residen hace varios años.
Uno de los ediles, Pedro Acuña, fue herido, pues le dispararon con balitas. Además los pobladores rompieron vidrios de vehículos de funcionarios.
El conflicto se desató esta mañana cuando una comitiva intentó desalojar a los ocupantes de un lote del mencionado barrio, desatándose la airada reacción de los pobladores.
Pobladores de finca 66 piden a Prieto evitar desalojo
Elvio Barúa, poblador y dirigente del barrio, manifestó que la municipalidad como poseedor del título de propiedad debe accionar para evitar los desalojos.
“Él (por Prieto) no nos va solucionar, entre cuatro paredes se soluciona todo esto. Nosotros hace cinco años estamos con la misma cosa, que le recusen a la jueza”, expresó.
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En tanto el intendente Prieto reiteró que habían solicitado una medida cautelar de prohibición de innovar, a fin de que se suspendan todos los desalojos en la finca 66, hasta que se haga una mensura judicial. Sin embargo, la medida fue rechazada por lo que los desalojos se siguen ejecutando.
La propiedad en cuestión pertenece a Mario Enrique Brignardello Fernández, quien había iniciado un juicio de reivindicación de su propiedad, logramdo la orden desalojo contra los ocupantes del inmueble.
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Al término de la reunión, Prieto acudió al Poder Judicial de Ciudad del Este para interiorizarse del proceso de mensura a cargo de la juez Victoriana Cáceres. El proceso de la mensura judicial está en la fase de autos para sentencia, desde el 2 de mayo pasado, pero hasta hoy no hay resolución por lo que Prieto anunció que recusará a la citada magistrada.
Antecedentes del conflicto en Ciudad del Este
La ex finca 66 pertenecía la empresa Bananera Paraguaya SA y fue expropiada a favor de la comuna esteña en el año 1962, a través de la ley 35/90. Sin embargo, gran parte del inmueble ya estaba ocupada o vendida a inmobiliarias, generándose un gran caos jurídico que hasta la fecha no tuvo solución.
Actualmente está ocupada por más de 20.000 familias en los barrios Che La Reina, Pablo Rojas, La Blanca, Mburucuyá, Carolina y Don Bosco.