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Hoy se llevó a cabo la cuarta audiencia en el juicio oral y público contra el senador electo Rafael Esquivel (Cruzada Nacional), alias Mbururú, con la declaración de un testigo y la lectura de pruebas documentales.
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El policía Manuel Vázquez, testigo del caso, se vio en apuros en su declaración al no recordar detalles de la intervención realizada hace casi cuatro años en la granja La Sonrisa, ubicada en Ciudad del Este, y al contradecirse respecto a su exposición en la Fiscalía. Vázquez fue el chofer de la patrullera que se trasladó al lugar.
El Tribunal de Sentencia, compuesto por Vitalia Duarte, Serafín González y Fabio Aguilar, convocó para el próximo jueves 29 de junio la continuación del juicio.
Mbururú y Robert Sosa Prieto fueron llevados al banquillo de los acusados, tras ser sindicados por la Fiscalía de participar del robo de celulares a los propietarios de la granja, en el barrio Don Bosco, a orillas del lago Acaray. El suceso ocurrió el 12 de octubre de 2019.
Como antesala del incidente, se registraron escaramuzas diversas en torno a la propiedad. Mbururú alegaba que se trataría de un excedente municipal e instigaba su ocupación, mientras que la familia Montalbetti con título de propiedad en mano recurrió a la justicia para pedir amparo.
Otros testigos
En anteriores audiencias, los testigos Perla Montalbetti, Panambi Arias y Fabrizio Sugastti coincidieron en que Mbururú encabezó el altercado y que había instigado a su acompañantes a despojar tres celulares. Las víctimas del robo fueron Panambi, Sugastti y Gustavo Arias (fallecido).
Los testigos también dijeron que los intrusos estaban armados con escopeta, machete, pala y otros elementos contundentes, mientras que Mbururú habría efectuado tres disparos con un revólver.
En esta causa judicial, el abogado defensor Eduardo Lezcano había planteado una excepción de inconstitucionalidad, al alegar que Mbururú cuenta con fueros parlamentarios y que para que sea sometido a un proceso se requiere del desafuero. Esta pretensión fue remitido a la Corte Suprema de Justicia para su estudio y resolución.
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El senador electo de Cruzada Nacional igualmente soporta otros procesos penales. Está imputado por la fiscala Vivian Coronel por supuestamente abusar de una niña de 13 años, en un motel de Ciudad del Este. Además, deberá ser juzgado en un caso caratulado por tentativa de homicidio y otros ilícitos, tras liderar un violento atropello a una propiedad en Itakyry, en agosto de 2022.