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En noviembre de 2018, la fiscala Lilian Alcaraz concluyó la investigación, reunió las evidencias que consideraba necesarias y acusó formalmente al entonces diputado Carlos Portillo (PLRA) por tráfico de influencias. Además, solicitó su juzgamiento oral y público.
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Casi cinco años después, el caso sigue sin resolverse a raíz de una serie de dilaciones.
Las primeras trabas se iniciaron antes de la audiencia preliminar, cuando la jueza Cinthia García había dejado sin puntos de pericia (practicada al celular de Portillo) al Ministerio Público. La fiscala Alcaraz recurrió al Tribunal de Apelaciones y revirtió el veredicto de Garcete.
Entre el 17 de junio y 9 de septiembre de 2020, la jueza Garcete había convocado en tres ocasiones para la audiencia preliminar, pero fueron suspendidas a pedido de los defensores de Portillo y de la coacusada Lucía Escobar Santacruz.
Exclusión de audios
Finalmente, el 9 de septiembre de 2020, se llevó a cabo la audiencia preliminar. La magistrada Garcete resolvió elevar el caso a juicio oral y público, aunque excluyó como pruebas admitidas los audios, una evidencia clave para la Fiscalía.
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En los días siguientes, la fiscala Alcaraz apeló con la intención de que se incluyan los audios como pruebas, al igual que el abogado Fabián Fernández -defensor de Portillo- que pretende desvincular al político del proceso.
Tras una serie de excusaciones y recusaciones en el Tribunal de Apelaciones, el 9 de mayo de 2022, los camaristas Emilio Gómez, Efrén Giménez y Lilian Benítez confirmaron la resolución de la jueza Garcete.
La defensa de Portillo nuevamente planteó dos recursos contra la decisión del Tribunal de Apelaciones: uno de reconsideración y otro de apelación ante la Corte Suprema de Justicia.
Los camaristas rechazaron el recurso de reconsideración presentado por la defensa y remitieron el expediente a la Corte Suprema de Justicia.
Estudio en la Corte
Además del recurso de apelación, el abogado defensor planteó una excepción de inconstitucionalidad contra la decisión del Tribunal de Apelaciones, que confirmaba la decisión de la jueza Garcete.
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El 22 de septiembre de 2022, la Sala Penal de la Corte, integrada por Manuel Ramírez Candia, Luis Benítez Riera y Carolina Llanes, declaró inadmisible el recurso de la defensa y confirmó la resolución del Tribunal de Apelaciones.
Actualmente, solo queda pendiente el estudio de la excepción de inconstitucionalidad en la Sala Constitucional de la Corte para que se destrabe el caso. El expediente se encuentra paralizado en esta dependencia desde noviembre de 2022.
La acusación
El exdiputado Portillo y la abogada Escobar Santacruz están acusados por supuesto tráfico de influencias, tras presuntamente participar en un pedido de 3.000 dólares para conseguir una resolución favorable en la Cámara de Apelaciones de Ciudad del Este.
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El dinero había sido pedido a la contadora Auda Fleitas (investigada por presunta estafa) para que sea beneficiada con una resolución judicial.
En mayo de 2021, Portillo fue expulsado de la Cámara de Diputados, tras filtrarse nuevos audios en los que presuntamente hablaba de cobro de dinero para nombramientos en cargos públicos.