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La acusación y pedido de juicio oral afecta a los oficiales Karina Caballero Giménez y Diego Fernando Ayala Mallorquín. Además, a los suboficiales Ever Raúl Aquino, Rafael Silvero Bogado, Hugo Arnaldo Báez Zalazar y Alfredo Báez Zalazar, así como al abogado Abdo Escobar.
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Los policías enfrentan cargos por privación de libertad, extorsión y asociación criminal. Mientras que el abogado Escobar está acusado por extorsión.
Según la acusación fiscal, los agentes policiales, que prestaban servicios en el Departamento de Homicidios de Alto Paraná, se aliaron con el abogado para privar ilegalmente de su libertad a Reinalda Santa Cruz Brítez y exigirle un pago millonario, a fin de obtener un beneficio indebido a expensas de la víctima.
El abogado era el único que tenía conocimiento de los antecedentes legales de la mujer en España, ya que había sido contratado por ella para brindarle asesoramiento judicial al respecto.
Abogado informó a los policías
La hipótesis fiscal indica que Escobar compartió esta información con los agentes del orden, quienes el 3 de noviembre de 2022, a las 09:00 aproximadamente, interceptaron a Santa Cruz Benítez en la avenida Bernardino Caballero, en el barrio Remansito de Ciudad del Este.
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La mujer se desplazaba a bordo de un automóvil Toyota, de color rojo, mientras los policías de civil se desplazaban en una camioneta de color gris.
Los agentes le informaron falsamente que su vehículo fue reportado como robado y la trasladaron a la base del Departamento de Homicidios, en el barrio Boquerón. Durante el trayecto, le preguntaron si tenía un abogado y, en caso afirmativo, le pidieron que lo contactara de inmediato.
Una vez en presencia del abogado Escobar y del esposo de la víctima, el español Juan Antonio Pérez, los acusados interrogaron a la dama sobre su situación judicial en el país europeo, afirmando que la misma tenía captura internacional y debía ser trasladada de inmediato a Asunción.
Millonaria exigencia
Los policías mantuvieron más de siete horas a Reinalda Santacruz y le exigieron presuntamente el pago de 100.000 euros, unos G. 820 millones al cambio actual, para su liberación, y así evitar la supuesta extradición al país europeo.
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La denunciante refirió que no contaba con dinero, por lo que fue esposada y fotografiada.
No obstante, con el correr de las horas, los policías bajaron sus pretensiones a 10.000 euros, monto que Pérez intentó realizar a través de una transferencia del banco Sabadell de España a una cuenta bancaria proporcionada por los agentes del orden, correspondiente al Banco Familiar, a nombre de Felipe S.R.L.
Pero, la transferencia fue rechazada y la cuenta bloqueada por seguridad, no pudiendo cumplir con lo exigido por los sindicados.
Pagaré en blanco
Ante este revés, los acusados elaboraron un pagaré con espacios en blanco. Fijaron el 4 de noviembre, a las 14:00 horas, como fecha límite para el pago y forzaron a Reinalda Santacruz a firmar bajo amenazas de ser extraditada. Incluso, supuestamente fue amenazada de muerte al igual que su marido.
Luego de cambiar de abogado, la víctima presentó la denuncia formal contra los presuntos extorsionadores el 17 de noviembre de 2022 y la Fiscalía inició una investigación que culminó en la acusación y el pedido de elevación de la causa a juicio oral y público.
El juez penal de Garantías N° 3 de Ciudad del Este, Carlos Vera Ruiz, fijará fecha para la audiencia preliminar en la que decidirá si envía o no a los procesados al banquillo de los acusados.