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Los abogados Ángel Chamorro Monzón y Julio Espínola Restaino denunciaron al intendente de Hernandarias Emiliano Nelson Cano Ozuna (ANR, cartista) por una serie de supuestos ilícitos, en torno al pago de una dudosa indemnización de G. 3.900 millones a la Iglesia de Dios del Paraguay.
La acción también afecta a los concejales Milciades Dávalos (ANR), Jhon Florentín Araújo (ANR), Celestino González Viera (ANR), Yessica Caballero Ferreira (ANR), Julio Escobar Valdez (ANR), Gerardo González Cardozo (ANR), Alcides Ascona Duarte (ANR) y Alberto Báez Arriola (PLRA).
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Además, al juez de faltas municipales Óscar Giorgio Cardozo, el director de Catastro Nelson Brítez Acosta y el pastor evangélico Paulino Amarilla López.
Según la denuncia, los citados están implicados en una serie de maniobras fraudulentas e ilícitas para el pago de una millonaria indemnización a la iglesia por supuestamente ceder un inmueble, que en realidad pertenece a la Municipalidad.
El caso
El año pasado, mediante un préstamo aprobado por la Junta Municipal, el intendente Cano Ozuna entregó G. 3.900 millones a la Iglesia Dios del Paraguay, en concepto de indemnización por una supuesta porción de su predio afectada por la obra del polideportivo.
El inmueble en cuestión es colindante al edificio de la sede de la Municipalidad y está individualizado con cuenta corriente catastral 26-460-2.
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El anterior intendente Rubén Rojas (ANR) estaba en tratativas con los representantes de la iglesia para pagar G. 100 millones por 100 m2 (4x25) que reconocieron como afectados por la obra. Llamativamente, en la gestión de Cano Ozuna, el monto porción reclamado se multiplicó diez veces y la suma de la indemnización 39 veces.
Documentos y antecedentes
Los denunciantes presentaron en la Fiscalía documentos que generan mayores sospechas sobre el millonario pago por la indemnización.
Según los antecedentes, la iglesia había comprado su predio de la extinta IBR, actual Indert, en cuyo título se consignó una extensión de 3.577 m2.
Sin embargo, en 1.981 los representantes de la iglesia rectificaron la extensión al alegar un error en IBR y así la dimensión quedó en 2.600 m2. En 1.982, se fraccionó en dos partes y un lote de 1.300 m2 fue vendido a Atanacio Chamorro Gómez. La iglesia se había quedado con un lote de 1.300 m2 (25x52), según los documentos presentados en la denuncia.
La reconfiguración de los lotes nunca fue cuestionada y hasta fueron inscriptas las modificaciones en el registro de la propiedad. Pero con la asunción de Cano Ozuna, se iniciaron los dudosos trámites en la Municipalidad para terminar con el pago de G. 3.900 millones.
La investigación de la nueve denuncia está a cargo del fiscal Alfredo Acosta Heyn. En diciembre pasado, se había presentado la primera denuncia sobre el caso.
Escándalo
En un audio el concejal Ascona Duarte afirmó que sus colegas ediles habrían cobrado hasta G. 100 millones para aprobar el préstamo y avalar el pago de la indemnización. Tras el escándalo con la filtración, se retractó y pidió disculpas a sus colegas.
El intendente Cano Ozuna defendió el pago de la indemnización y dijo que el reclamo de la iglesia es legítimo. Sostuvo que todos los trámites se encuadran con la legalidad.