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El intendente de Hernandarias, Emiliano Nelson Cano Ozuna (ANR, cartista), adjudicó una licitación para construcción de nueve tramos de empedrado a tres empresas que presentaron ofertas más elevadas.
Las firmas adjudicadas son la unipersonal Alicia Edith Medina Rodas con un contrato de G. 1.002.166.500 (tres lotes), Diego Guillermo Franco Vargas se quedó con un contrato de G. 395.340.600 (tres lotes) y Rubén Casco Escobar con G. 350.728.320 (tres lotes).
En total los contratos otorgados a las tres empresas ascienden a G. 1.748.235.420. Esta cifra es G. 262.087.515 mayor a la propuesta de la firma Constructora Servmaq, de Fredy Guzmán Martínez Báez, cuya oferta alcanza G. 1.486.147.905 por los nueve tramos de empedrado.
Descalificada
La firma Constructora Servmaq, que presentó la mejor oferta económica, fue descalificada de la licitación por el comité de evaluación conformado por Francisco Meza Flores, Ángel Justiniano Sánchez y Herib Fleitas Jacks.
Según los evaluadores, Constructora Servmaq no presentó los formularios con documentaciones requeridos por el pliego de bases y condiciones de la licitación.
El comité dijo que solicitaron vía correo electrónico los documentos a la firma en un plazo de 48 horas, pero que no había remitido los documentos, por lo que fue descalificada.
Los evaluadores igualmente recomendaron al intendente Cano Ozuna la adjudicación de la licitación a las tres empresas contratadas.
Denunciado en Fiscalía
El intendente Cano Ozuna fue denunciado en la Fiscalía General del Estado por una supuesta compra fraudulenta de un terreno colindante a la Municipalidad de Hernandarias.
Según la denuncia presentada por ediles disidentes, el intendente cartista pagó G. 3.900 millones a representantes de la Iglesia de Dios en Paraguay por una parcela de un inmueble que fue afectada por la obra del polideportivo municipal.
En 2017, el entonces intendente Rubén Rojas (ANR) había acordado con representantes de la iglesia una compra de 100 m² por G. 100 millones. El pago no se concretó por disputas internas dentro de la organización religiosa.
Cinco años después, el intendente cartista pagó 39 veces el valor inicialmente acordado. Cano alegó que en realidad más de 1.000 m² del predio de la iglesia fueron afectados por la obra del polideportivo.