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Tras una investigación preliminar, el fiscal Alberto Torres sostuvo en su imputación que el abogado Abdo Javier Escobar Burgos habría participado activamente en la extorsión de su cliente Reinalda Santa Cruz Brítez.
Santa Cruz es una paraguaya residente por más de dos décadas en España que había venido al país con intenciones de volver a radicarse en su patria. En su ausencia, el abogado Escobar Burgos se encargaba de administrar el alquiler de sus salones mediante un poder general otorgado.
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Según la denuncia de la afectada, el abogado se confabuló con los agentes de la oficina de Homicidios de la Policía para intentar despojarle de 100.000 dólares. Escobar Burgos habría proporcionado datos a los policías de que su cliente tenía un proceso penal en España aún sin finiquitar.
El 3 de noviembre pasado, los policías interceptaron a la mujer sobre la avenida Bernardino Caballero, en Ciudad del Este. Primero los agentes supuestamente le dijeron a Santa Cruz que se desplazaba en un vehículo denunciado robado, como argumento para trasladarla hasta la base policial en el barrio Boquerón II.
Millonaria exigencia
Una vez dentro de la sede policial, los agentes encabezados por la oficial Karina Caballero habrían exigido a la mujer 100.000 dólares -más de G. 700 millones al cambio actual- bajo amenaza de ser extraditada a España, al tiempo que la interrogaban sobre su problema judicial en el país europeo.
La afectada respondió que no hablaría sin presencia de su abogado y los policías le permitieron que llamara a Escobar Burgos para que le asistiera, siempre según la denuncia.
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El abogado supuestamente se constituyó en la sede policial y habría tenido una extraña actuación. La víctima le dijo que no tenía los 100.000 dólares exigidos por los agentes. Escobar Burgos le habría sugerido de forma solapada vender su casa para obtener el dinero.
La afectada no aceptó la propuesta y con el avance de las negociaciones el monto de la extorsión descendió a 10.000 euros. El marido español de Santa Cruz intentó transferir el monto a una cuenta suministrada por los policías, pero la operación fue bloqueada por un banco de España debido a que sobrepasaba el monto máximo permitido de 3.000 euros.
Ante la imposibilidad de pago aquel 3 de noviembre, la víctima relató que fue obligada a firmar un papel en blanco para ser liberada y la comprometieron a entregar los 10.000 euros al día siguiente.
Luego, el abogado Escobar Burgos supuestamente insistió con su cliente para que entregara el dinero exigido por los policías.
Policías imputados
El fiscal Torres imputó previamente a los oficiales Karina Caballero y Diego Ayala y a los suboficiales Rafael Silvero, Ever Aquino, Hugo Báez y Alfredo Báez como supuestos autores del rapto y secuestro.
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El juez Carlos Vera Ruiz concedió el arresto domiciliario a Caballero por tener un hijo en período de lactancia y dictó la prisión preventiva de los otros policías que están recluidos en la Agrupación Especializada.
Luego de la denuncia contra los policías, Santa Cruz también fue detenida con una orden de captura con fines de extradición que llegó a Paraguay dos semanas después del rapto.