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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia tiene a su cargo el estudio de un recurso presentado por la fiscala Liliana Alcaraz, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, con una resolución emitida por el Tribunal de Apelaciones de Ciudad del Este.
La fiscala pretende la anulación parcial de la resolución del Tribunal de Apelaciones, por la cual se había confirmado el A.I. 844 de la jueza penal de Garantías Cinthia Garcete, quien resolvió elevar la causa a juicio oral y público al tiempo de excluir pruebas claves. Precisamente este último punto es cuestionado por el Ministerio Público.
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Entre las pruebas excluidas se encuentran audios y conversaciones de WhatsApp que sugieren que Portillo habría solicitado US$ 3.000 a la contadora Auda Fleitas (investigada por estafa) para conseguir un fallo favorable en el Tribunal de Apelaciones de Ciudad del Este.
Según la jueza Garcete, estas pruebas fueron obtenidas sin autorización judicial, por lo que son inválidas. Por su parte, la fiscala Alcaraz sostiene que las conversaciones fueron proporcionadas por una interlocutora y que son parte de los elementos que probarían la responsabilidad de Portillo Verón.
Por su parte, la defensa de Portillo planteó una excepción de inconstitucionalidad contra una providencia dictada por el Tribunal de Apelaciones de Ciudad del Este. Esta cuestión será estudiada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema.
El proceso tiene casi cinco años
La causa penal contra Portillo se inició en enero de 2018 y se encuentra a pocos meses de cumplir cinco años sin que sea aún juzgado. En tanto su proceso se empantana en los tribunales, Portillo es nuevamente precandidato a diputado para el período 2023-2028.
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En mayo de 2021, Portillo había sido expulsado de la Cámara de Diputados, tras la divulgación de audios en que se escucha supuestamente al dirigente liberal negociar nombramientos en el Congreso.