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En el año 2018 un grupo de integrantes de la comunidad indígena Ka’a Poty inició la ocupación de parcelas ubicadas en la colonia Tape Yke del distrito de Itakyry con lo que comenzó un conflicto con los propietarios que derivó en hechos de violencia en reiteradas ocasiones. La situación es cada vez más insostenible y el sábado un grupo de aborígenes atacaron un establecimiento agrícola propiedad de la familia Torrás.
La ocupación se dio luego de que los líderes de dicha comunidad hayan accedido a documentos que dan cuenta de que el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) era propietario de unas 1.364 hectáreas que supuestamente abarcan los inmuebles de la colonia Tape Yke. Dentro de la propiedad individualizada como finca N° 1.628 estaban asentados al menos doce familias de colonos que cuentan con títulos de dominio expedidos por el entonces Instituto de Bienestar Rural (IBR), actualmente Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).
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Atendiendo a denuncias que datan del año 2020 de que la propiedad adquirida por el Indi existe sólo en los papeles, la institución inició un juicio de mensura a fin de determinar la ubicación de las tierras. Sin embargo, el proceso “duerme” hace varios meses en algún juzgado de Asunción, según los afectados.
La abogada Michelle Bettancour, representante de la familia Torrás, manifestó que es necesario acelerar al proceso para determinar la locación de las tierras compradas por el Indi, ya que de eso depende que termine el conflicto entre los colonos y nativos en Tape Yke. “Hace más de un año que el juicio está parado porque el Indi dejó de impulsar el expediente. Si ellos no impulsan, el juzgado no puede proseguir”, expresó.
Visita del presidente
El presidente del Indi , Omar Pico, se reunió hoy con los miembros de la comunidad Ka’a Poty y les propuso trasladarlos a otra finca. Esto luego de que se dieran a conocer informes técnicos que señalan que la finca en cuestión está ubicada en el departamento de Caaguazú y no en Alto Paraná.
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Sin embargo, no hubo acuerdo por lo que siguen las negociaciones para realizar el traslado y así evitar un enfrentamiento en la zona. El domingo pasado, una turba de 50 personas ingresaron a un establecimiento rural causando destrozos y robos, además de golpear a los propietarios.
Unas 18 personas están detenidas y procesadas por el brutal ataque que supuestamente fue incitado por políticos.