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El exintendente de Minga Guazú y precandidato cartista a diputado Digno Caballero Ruiz soportó un proceso penal por supuestos delitos ambientales, tras habilitar un vertedero privado que no contaba con licencia expedida por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible.
La imputación contra Caballero Ruiz había sido presentada el 24 de septiembre de 2020 por los presuntos delitos de procesamiento ilícito de desechos e incumplimiento de medidas de mitigación ambiental. El caso estaba a cargo del fiscal Alcides Giménez Zorrilla.
Pedido de blanqueo
La defensa del precandidato cartista recusó al fiscal Giménez Zorrilla y logró ubicar la carpeta de investigación en la oficina del fiscal Víctor Adolfo Santander.
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En su requerimiento conclusivo, el fiscal Santander exculpó de los delitos ambientales al exintendente minguero y atribuyó la responsabilidad -mediante una nueva imputación- a Víctor Ramón Villasanti y Pedro González Mieres, dos funcionarios de menor rango en la Comuna.
La jueza Alba Meza se opuso al sobreseimiento definitivo de Caballero Ruiz solicitado por el fiscal Santander e imprimió el trámite de oposición, por lo que se envió la carpeta al fiscal Adjunto Humberto Rosetti Miranda para la reevaluación del requerimiento final.
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Rosetti Miranda ratificó el pedo de blanqueo del exintendente. En este contexto legal, a la jueza Meza no le quedó de otra que aceptar la pretensión fiscal.
Defensora de Quiñónez
El exintendente Caballero al igual que su esposa diputada Blanca Vargas están en la mira de la Fiscalía Anticorrupción por supuestos enriquecimiento ilícito y tráfico de influencia a raíz de una denuncia presentada por concejales colorados. Caballero beneficiaba con millonarios contratos a dos empresas vinculadas a su esposa.
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Casualmente, la diputada Vargas de Caballero es una de los defensores de la fiscala general Sandra Quiñónez ante el pedido de juicio político.