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La madrugada del 25 de abril, siete miembros de una colectividad indígena de Alto Paraná se preparan para un viaje de 90 kilómetros hasta Ciudad del Este. Es una travesía cansadora y costosa, solventada por la comunidad y con aportes solidarios.
Para las 7:00, los nativos ya estaban en el Palacio de Justicia. En ese horario se convocó el inicio del juzgamiento del pastor Inocencio Ramón Denis, acusado por la Fiscalía de supuestamente abusar de diez niñas indígenas.
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Los miembros de la comunidad indígena ansiaban el arranque del juicio con el anhelo de que el abuso de sus niñas no quedara impune. Sin embargo, una vez más salieron desilusionados y con sentimiento de injusticia del Palacio de Justicia.
Postergación sin fecha
El Tribunal de Sentencia, compuesto por Zunilda Martínez, Marino Méndez y Herminio Montiel, resolvió postergar el juicio ante la ausencia del consultor técnico (un especialista en la cultura aborigen), pese a que inicialmente se mostraba a favor de iniciar el juzgamiento con la parte incidental.
El cambio de postura de los integrantes del tribunal se produjo luego de que el abogado defensor Enrique Espínola haya planteado a través de un escrito una excepción de incompetencia de los jueces. La defensa se opuso a exponer oralmente el incidente y amenazó con recusar a los magistrados por supuesta imparcialidad.
Tres suspensiones en 2022
Pero no es la primera vez que la justicia decepciona a la comunidad indígena. Solo en este 2022 el juicio ya fue suspendido en tres ocasiones: el 21 de febrero, el 1 de marzo y el 25 de abril. En las tres oportunidades los aborígenes recorrieron 180 kilómetros (ida y vuelta) en busca de justicia y regresaron a su hogar desilusionados.
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El caso había sido elevado a juicio oral en diciembre de 2020. Desde entonces el caso quedó trabado.
El año pasado el abogado defensor logró frenar y postergar el juzgamiento mediante chicanas. El 6 de diciembre de 2021 por fin se inició el enjuiciamiento, pero caducó por no reanudarse en diez días debido a un rebrote de covid en la cárcel de Ciudad del Este donde está recluido el pastor, por lo que el juicio debe reiniciarse.
Critican benevolencia con chicanas
La abogada querellante Noelia Núñez cuestionó el ninguneo del pueblo indígena en su clamor por la justicia, ya que el sistema judicial actúa con complacencia con el representante de la defensa técnica, que no recibió ninguna sanción por las chicanas presentadas.
Por su parte, la abogada Alice Monges de PAS (Proteger, Amar y Salvar), una organización que activa por los derechos de los niños, sostuvo que la Corte Suprema de Justicia debería auditar el caso. “No se está cuidando el interés superior del niño”, remarcó.
En tanto, los miembros de la comunidad indígena seguirán anhelando la deseada justicia pronta. Aunque el caso cada día se acerca más a una frase atribuida al filósofo Séneca: ”nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”.