Cargando...
El intendente de Minga Guazú, Diego Ríos Llano (Indep.), comunicó a la Junta Municipal la adjudicación del servicio de recolección y disposición final de basuras a la empresa Ecototal SA. Ahora corresponde a los concejales autorizar o no la firma de contrato de concesión por un tiempo de 10 años.
Lea más: Aprueban cuestionada licitación para tercerizar recolección en Minga
Ecototal SA, representada por Celina Cañete de Martínez, es una firma satélite de la empresa El Farol SA, cuya accionista y cara visible es Adelaida Cañete.
La empresa adjudicada prestaba igual servicio en Villa Elisa, hasta que el intendente Ricardo Estigarribia (PLRA) rescindió el contrato leonino a raíz a innumerables quejas de comisiones vecinales sobre la deficiencia en la recolección y por falta de pago del canon a la Municipalidad.
Empresas participantes
En la licitación convocada por la Comuna de Minga Guazú solo se presentaron dos empresas: Ecología Verde SA (que actualmente presta servicio de forma provisorio en el municipio) y Ecototal SA.
Más info: Piden transparentar licitación de recolección de basuras en Minga
Casualmente las dos empresas participantes de la licitación integran el conglomerado empresarial de El Farol SA, que monopoliza el negocio de la basura en varios municipios de Central y Alto Paraná.
En el proceso de evaluación, Ecología Verde SA fue descalificada por “no cumplir con las exigencias técnicas requeridas” en la etapa de revisión de los documentos. En este contexto, solo Ecototal SA quedó sin “competidor” y fue adjudicada con la licitación.
Licitación direccionada
La licitación de la recolección de basuras en Minga Guazú fue elaborada con exigencias que solo cumplía el grupo empresarial de El Farol SA. Se requirió por ejemplo un vertedero privado.
Igualmente, el pliego de bases y condiciones de la licitación contiene cláusulas leoninas para las arcas municipales.
En caso de rescisión del contrato antes del plazo de diez años, el jefe comunal con anuencia de la Junta estableció una indemnización de G. 1.000 millones para la empresa adjudicada y que deberá ser pagada por los contribuyentes.
Pero en caso que la empresa rescinda el contrato, la Municipalidad recibirá solo G. 500 millones en concepto de indemnización.