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La fiscala Cinthia Leiva Cardozo presentó imputación contra Máximo Ramón Sosa Fernández (33), funcionario de la Junta Municipal de Ciudad del Este, por los supuestos hechos punibles de polución sonora y resistencia. El sospechado se encuentra privado de su libertad en la Dirección de Policía de Alto Paraná.
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Según la investigación, el pasado domingo 27 de febrero, a las 11:20 horas, el sindicado habría estado ingiriendo bebidas alcohólicas y escuchando música a alto volumen a través de una caja de sonido instalada en la carrocería de su camioneta Hyundai Santa Fe, de color gris, con matrícula CCZ 194, frente a su domicilio, en el barrio Fátima.
Tras denuncia de vecinos, agentes policiales de la zona se acercaron al lugar, pero supuestamente fueron maltratados de forma verbal por el hombre. Este habría alegado ser funcionario de la Junta Municipal y contar con influencias políticas, por lo que seguiría escuchando la música a todo volumen, refiere el acta de imputación.
Luego, los agentes recibieron otra denuncia -vía telefónica- por el mismo hecho y acudieron nuevamente al sitio, donde fueron amenazados por Máximo Sosa con una “traslado masivo de policías”. La situación fue comunicada a la fiscala de turno, Cinthia Leiva, considerando que existen denuncias de fechas anteriores, por polución sonora.
Persecución y antecedentes penales
Una comitiva fiscal-policial se constituyó en el lugar, pero al notar la presencia de los intervinientes, el indiciado se dio a la fuga a bordo de su camioneta, iniciándose una persecución por varias cuadras. Después, regresó a su domicilio, donde se encerró y dejó su vehículo abandonado en la calle con las puertas bloqueadas, por lo que se dispuso la incautación del rodado.
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En su momento, la representante del Ministerio Público ordenó la detención preventiva de Máximo Sosa, quien finalmente este martes se presentó en la fiscalía, en compañía del abogado Jorge Romero. El hombre quedó privado de su libertad, a disposición del Juzgado.
Sosa Fernández registra antecedentes penales por violencia familiar y lesión grave. Incluso, por este último caso tiene una condena de 4 años de prisión, que está pendiente resolución en la Cámara de Apelaciones.