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La investigación del caso está a cargo de la fiscala Zunilda Ocampos Marín, quien formuló acusación contra tres personas por su presunta participación en la práctica de un aborto en una clínica clandestina y que derivó en la muerte de una mujer. De igual forma, la representante del Ministerio Público requirió la elevación de la causa a juicio oral y público.
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Los acusados están identificados como Carlos Alberto Martínez Barreto, quien se hacía pasar por médico; la enfermera Diana Concepción Céspedes Melgarejo; y un familiar de la víctima fatal, quienes afrontan cargos por los supuestos hechos punibles de homicidio culposo, aborto y frustración de la persecución y ejecución penal.
Según los antecedentes, los hechos quedaron al descubierto después de que familiares comunicaran a la Policía el fallecimiento de la mujer, manifestando que la misma supuestamente murió por problemas cardíacos. Sin embargo, el médico forense de la Fiscalía, Eduardo Cano, quien intervino en el levantamiento del cadáver, notó contradicciones de los familiares sobre las razones de la muerte.
Luego de una minuciosa inspección, el profesional determinó que la víctima presentaba herida quirúrgica lineal de 10 centímetros, aproximadamente, saturado de hipogastrio de abdomen, además de sitios de punción venosa en ambos brazos. Determinó que la causa probable de muerte fue por “shock séptico, a punto de partida por infección quirúrgica ginecológica”.
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Salud de víctima se complicó y falleció
Posteriormente, mediante averiguaciones la Fiscalía pudo determinar que la víctima había salido de su casa, en compañía de un familiar el 24 de marzo del 2021 y trasladada hasta una clínica clandestina del Km 7 Acaray, fracción Las Mercedes, donde le habrían practicado un aborto. El procedimiento habría estado a cargo del supuesto médico Carlos Alberto y Diana Concepción.
Pero al presentar complicaciones, la víctima habría sido trasladada hasta la ciudad de Caaguazú, a una clínica de los sindicados. Allí se produjo el fallecimiento de la joven. Tras el hecho, el cuerpo fue trasladado nuevamente a la capital del Alto Paraná.
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Clínicas clandestinas
En prosecución de la pesquisa, la fiscala Zunilda Ocampos allanó los dos locales que funcionaban de forma irregular y requisó varias evidencias relacionadas con los supuestos hechos punibles investigados. También imputó a los presuntos implicados y ahora tras cumplirse el plazo establecido por el Juzgado, formuló la acusación y pidió juicio oral. El requerimiento fue presentado en el Juzgado de Garantías Nº 4, a cargo de la magistrada Alba Meza.