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En febrero pasado, la jueza penal de Garantías Cinthia Garcete Urunaga fue denunciada ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por los gremios por supuesto mal desempeño de funciones.
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Tanto Iván Airaldi Franco, vocero de las Pymes (Pequeñas y Medianas Empresas), como la Cámara Nacional de Turismo se quejaron ante el JEM contra la jueza Garcete Urunaga y coincidieron que su actuación daña la imagen de Paraguaya en el escenario internacional.
La denuncia se presentó tras la publicación de ABC Color sobre el sobreseimiento definitivo de dos policías acusados por la fiscala Estela Mary Ramírez por supuestamente secuestrar a un turista brasileño.
Por el caso también fue denunciado el fiscal Sergio Irán Villalba, quien reemplazó a su colega Ramírez en la causa.
A diez meses de la denuncia, el JEM aún no trató si abren o no un proceso contra la jueza Garcete Urunaga y el fiscal Villalba.
Protegida
Fuentes consultadas indican que la jueza Garcete es considerada muy cercana al senador Fernando Silva Facetti (PLRA) y a Jorge Bogarín, miembro del Consejo de la Magistrados. Ambos integran el Jurado de Magistrados y serían los protectores de la aspirante a camarista.
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En agosto pasado, Facetti y Bogarín con sus votos salvaron a la jueza Garcete de un enjuiciamiento, en una denuncia por supuesta mala actuación al liberar a cinco policías reconocidos como supuestos autores de robo de US$ 100.000.
Complaciente con políticos procesados
Garcete igualmente tiene un largo historial de resoluciones favorables a políticos procesados desde casos de corrupción hasta por abuso infantil.
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La jueza había concedido la libertad ambulatoria al senador Javier Zacarías (ANR) en un proceso por supuesta lesión de confianza en la Municipalidad esteña, pese a que la Fiscalía requería la prisión preventiva.
En el mismo caso Garcete posteriormente sobreseyó a Zacarías y a su esposa Sandra McLeod, ex intendente de Ciudad del Este, y el desvío de G. 3.700 millones de las arcas municipales quedó impune.
Asimismo, la magistrada se había opuesto a la realización de una prueba de ADN en un caso de abuso infantil y en que aparecía como sospechoso el seccionalero Elías Bernal.
La jueza de igual forma benefició al exdiputado Carlos Portillo (PLRA) en un proceso por supuesto tráfico de influencias. Primero dejó sin puntos de pericia a la Fiscalía para la revisión de los celulares y luego excluyó pruebas claves para el juicio oral.
Pese a los cuestionamientos, el Consejo de la Magistratura ubicó a Garcete en una terna para Tribunal de Apelaciones de Ciudad del Este, integrada también por la fiscala Cinthia Leiva y la jueza Nilda Cáceres.