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La fiscala Viviana Coronel, de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Trata de Personas y Explotación Sexual en Niños, Niñas y Adolescentes, encaró la investigación contra la acusada, quien se valió de su cercanía familiar con la víctima de 15 años para cometer el hecho.
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Según se pudo demostrar durante el debate público, en julio de 2018 la sindicada viajó desde Ciudad del Este hasta la zona norte del país, a fin de buscar a la adolescente, a quien le encargaría el cuidado de sus hijos menores, además de los quehaceres de la casa.
A cambio prometió que le pagaría la suma de G. 100.000 semanales, todo bajo consentimiento de la madre de la víctima. Sin embargo, la ahora condenada no cumplió lo acordado.
Las pruebas producidas refieren que la mujer obligaba a la adolescente a vender verduras en la vía pública, trabajo por el cual tampoco recibió remuneraciones.
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Luego de dos meses, conforme el relato de la fiscalía, la mujer le manifestó a la quinceañera que un hombre quería conocerla, por lo que organizó un encuentro con fines sexuales, lo que se concretó. La menor recibió un pago de G. 100.000, dinero que entregó a la sindicada.
El dictamen médico, las declaraciones de la niña y el informe psicológico admitidos como pruebas, entre otros aspectos relevantes, demostraron la responsabilidad de la acusada en el hecho.
En consecuencia, el Tribunal de Sentencia conformado por los jueces Milciades Ovelar (presidente), Flavia Lorena Recalde y Emilia Santos (miembros) dictó el fallo condenatorio.