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Los aborígenes habían ingresado a la propiedad en el 2019, alegando que se trataba de un inmueble de más de 1.300 hectáreas que había sido adquirido por parte del Instituto Nacional de Indígenas (INDI) para reubicarlos. Sin embargo, la adquisición fue solo en los papeles, según denunciaron las propias autoridades anteriores de INDI.
El lugar sindicado es la colonia Tape Yke, donde en unas 120 hectáreas están asentados seis antiguos pobladores que cuentan con título de propiedad, de entre 10 y 30 hectáreas cada uno. Pese a ello, los aborígenes autodenominados miembros de la comunidad Ka’a Poty, liderada por Marta Isabel Díaz, invadieron varias parcelas hace más de dos años.
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Tras varios meses de litigio, los vecinos lograron una orden de desalojo firmada por la jueza de Itakyry Emilce González. Esto motivó que los indígenas fueran a Asunción a protestar contra el desalojo, y la jueza Magalí Zabala dispuso que los nativos vuelvan a ubicarse en las tierras disputadas. Esto, sin considerar que está vigente otra resolución judicial que dispone la protección y resguardo de las propiedades.
Esta madrugada, los aborígenes debían ser trasladados nuevamente hasta el lugar de donde habían sido desalojados, sin considerar que esto podría desatar un grave conflicto.
La abogada Liz Alfonso, hija de uno de los afectados, recordó que los documentos del INDI son de dudosa procedencia. Señaló que responsabilizan a la Policía Nacional y al Ministerio del Interior de los daños que pudieran sufrir a raíz de esta situación. Afirmó que los vecinos están dispuestos a defender sus propiedades.
´´Nos encontramos totalmente desprotegidos y desamparados, ante un gobierno que no garantiza la propiedad privada y se encuentra hundido en un profundo estado de incapacidad´´, expresó.
El oficio de mandamiento de la jueza Zabala señala que podrá solicitar y hacer uso de la fuerza pública y allanar el domicilio de la parte demandada para hacer cumplir la medida cautelar a favor de los miembros de la citada comunidad indígena.