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El conflicto en cuestión se desató cuando las autoridades del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) dispusieron que un grupo de indígenas ocupe una extensa finca de más de 1.300 hectáreas, que supuestamente habían adquirido para reubicarlos. Sin embargo, la adquisición fue solo en los papeles, según denunciaron las propias autoridades anteriores de la INDI.
El lugar sindicado es la colonia Tape Yke, donde en unas 120 hectáreas están asentados seis antiguos pobladores que cuentan con título de propiedad. Pese a ello, los aborígenes autodenominados miembros de la comunidad Ka’a Poty, liderada por Marta Isabel Díaz, invadieron varias parcelas hace más de dos años. Los indígenas se instalaron en las cercanías de las casas y colocaron tranqueras en algunos sectores, dejando aislados a algunos vecinos dentro de sus propias casas.
Tras varios meses de litigio, los vecinos lograron una orden de desalojo firmada por la jueza de Itakyry Emilce González. Esto motivó que los indígenas fueran a Asunción a protestar contra el desalojo, y la jueza Magalí Zabala dispuso que los nativos vuelvan a ubicarse en las tierras disputadas. Esto, sin considerar que está vigente otra resolución judicial que dispone la protección y resguardo de las propiedades.
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La abogada Michelle Bettancourt explicó que como hay dos resoluciones judiciales con diferentes disposiciones, vecinos afectados se reunieron con algunos parlamentarios, como Celeste Amarilla (LPRA) y Miguel Fulgencio “Kenho” Rodríguez (Frente Guasu) para pedir intermediación, a fin de evitar enfrentamientos. Además, se reunieron con el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, para que se busque una solución pacífica.
“Tuvimos buenas respuestas porque se comprometieron a defender las propiedades privadas. Algunos desconocían de la existencia de títulos de propiedad y pusimos todos los documentos a disposición de las autoridades. Necesitamos una solución pacífica porque de lo contrario se podría desatar un enfrentamiento”, alertó Bettancourt.