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Los indígenas de la comunidad “Ka’a Poty”, liderada por Marta Isabel Díaz, ocupaban varias parcelas de tierra que los nativos alegan están dentro de una finca de más de 1.300 hectáreas que el Indi adquirió para reubicarlos, luego de otros desalojos.
Sin embargo, vecinos de la zona afirman que cuentan desde 1995 con títulos de propiedad de las tierras reclamadas por los nativos. Los indígenas se instalaron en las cercanías de las casas, y colocaron tranqueras en algunos sectores, dejando aislados a algunos vecinos dentro de sus propias casas.
Tras varios meses de litigio, los vecinos lograron una orden de desalojo firmada por la jueza de Itakyry Emilce González. El procedimiento se suspendió en reiteradas ocasiones.
Cuando finalmente se produjo el desalojo, los indígenas fueron a Asunción a protestar por el desalojo ante el Instituto Nacional del Indígena (Indi). Tras varios meses, la jueza Magalí Zabal dispuso que los nativos vuelvan a ubicarse en las tierras disputadas.
La abogada Michelle Bettancourt, quien asiste a uno de los vecinos, argumenta que la orden de la jueza Zabala es de imposible cumplimiento, pues ordena que los indígenas ocupen poco más de 500 hectáreas de una finca que no corresponde a la zona y cuya ubicación no está determinada.
Recordó que la finca que fue adquirida solo en los papeles, como en su momento denunciaron las autoridades del Indi.
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Los vecinos emitieron un comunicado en repudio a la decisión de la jueza Zabala.
“Nos niegan nuestra propiedad, quieren robar nuestras tierras, nuestra libertad y nuestra salud. El Indi se lava las manos antes que atacar el fondo corrupto de la cuestión que se inició con la compra de supuestas tierras, que solo existen en papeles. En 2019, la entonces presidenta del Indi había denunciado la compra de tierras sin superficie existente. Es una estafa contra el Estado, los nativos y los propietarios que sigue impune”, reza el comunicado.