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Una comitiva del MOPC se instaló desde ayer en Presidente Franco, donde primeramente se reunieron con la intendente interina Julia Ferreira (PLRA) y funcionarios de la oficina municipal de Catastro para delinear las tareas previas para la expropiación de los inmuebles afectados por las obras complementarias.
Mientras que este jueves el equipo técnico mantuvo una reunión informativa con los vecinos de la comunidad franqueña, cuyas parcelas serán expropiadas.
Laura Martínez, de la Dirección de Gestión Socioambiental del MOPC, explicó que desde el lunes un grupo consultor iniciará las labores de relevamiento de datos sobre las propiedades afectadas con la designación precisa de las condiciones del inmueble y de sus ocupantes. Luego, el legajo será enviado a la Dirección de Bienes Inmobiliarios para el avalúo correspondiente.
La indemnización a ser pagada será determinada de acuerdo a las parcelas y mejoras encontradas y se estudiará cada caso, según comunicaron los técnicos a unos 50 vecinos que participaron en la reunión llevada a cabo en el palacete municipal.
Los inmuebles afectados están localizados en su mayoría en Presidente Franco, debido a que el acceso inmediato a la futura pasarela internacional se encuentra en el barrio Tres Fronteras. Mientras que en Minga Guazú afectará unas pocas fincas rurales. En Los Cedrales y Hernandarias, que igualmente formarán parte del Corredor Metropolitano del Este, no se requerirá de expropiaciones.
Martínez recordó que, según el precatastro, unas 100 propiedades están afectadas por las obras complementarias. Aunque, recalcó que esos datos son de hace cinco años y con un nuevo relevamiento la cifra se incrementaría. Estimó que las tareas de expropiación podrían extenderse hasta un año.
Tras protesta, adjudican una obra de acceso en Franco a Constructora Acaray
Las obras complementarias del Puente de la Integración serán financiadas mediante un préstamo superior a 200 millones de dólares otorgado por el Banco de Desarrollo de América Latina. Una de las licitaciones, de G. 136.157 millones, fue adjudicada a la empresa Constructora Acaray SA, representada por Rubén Bogarín Canale; mientras que otra licitación de G. 160.485 millones fue otorgada a la firma argentina Boetto & Buttigliengo SA, representada por Tomas Camussi.