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La agente fiscal antisecuestro, Zunilda Ocampos Marín, quien está a cargo de la investigación solicitó reconocimiento de personas como anticipo jurisdiccional de pruebas, que se fijó para el 3 de agosto del 2021, a las 11:00.
La denuncia se había presentado el 19 de julio de 2021, por Gabriel Ramón Prieto Medina contra agentes policiales innominados de la comisaría 7ª, por los supuestos hechos punibles contra la libertad, extorsión agravada y apropiación, hechos presuntamente ocurridos el 18 de julio de 2021, a las 02:00 (madrugada). La acción fue patrocinada por el abogado Ramón Rodas Torres.
En la ocasión Pedro López, Antonio Ávalos, Francisco Prieto y Alcides Villalba circulaban en una patrullera e interceptaron un vehículo, de la marca Toyota Allion, color plata, chapa CEV 141. En el rodado se encontraban Gabriel Ramón Prieto y Víctor David Meza. Allí, supuestamente descendieron del móvil policial Prieto Montiel, Villalba González y Ávalos Pereira, en tanto que López Deleón quedó al mando del volante.
Luego, los afectados fueron obligados a subir a la patrullera, siendo llevados hasta la comisaría, donde Víctor Meza supuestamente fue ingresado en un calabozo por Francisco Prieto. A su vez, Gabriel Prieto fue llevado hacia un quincho y fue amenazado en todo momento presumiblemente por Antonio Ávalos y Pedro López, quienes le advertían que debían pagar la suma de 7 millones de guaraníes para ser liberados.
Advirtieron a las víctimas que en caso de no acceder a la pretensión, informarían a la Fiscalía que encontraron en poder de los mismos estupefacientes. Asustado, Gabriel Prieto llamó a su madre y a su novia. Cuando éstas llegaron a la sede policial, los uniformados exhibieron dos tocos de presunta marihuana y continuaron presuntamente solicitando la plata.
Posteriormente, los agentes del orden bajaron el monto a 5 millones de guaraníes e incluso Alcides Villalba y Francisco Prieto proporcionaron el número de teléfono de un presunto usurero, posteriormente identificado como Fernando Daniel Ortigoza, quien les entregó finalmente los 5 millones de guaraníes, dejando empeñado el auto incautado por los hoy imputados. Tras concretarse la entrega del dinero de la supuesta extorsión, liberaron a las dos personas.
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El 19 de julio, una comitiva fiscal intervino la sede policial y recabó informes del libro de novedades, donde constan los nombres de los policías que realizaban patrullaje en la fecha y la hora en que sucedieron supuestamente los hechos. El 20 de julio, fue presentado el acta de imputación Nº 91 contra los policías denunciados, privación de libertad, cohecho pasivo agravado y extorsión. Además del supuesto usurero Fernando Daniel Ortigoza fue procesado por privación de libertad y extorsión, en calidad de cómplice.
Recusación y desistimiento
Al día siguiente de la imputación, es decir el 21 de julio, a las 12:50, el abogado patrocinante Ramón Rodas Torres presentó escrito, recusando a la representación fiscal. Después, el 28 de julio del 2021, el abogado Rafael González Britos presentó escrito desistiendo de la recusación presentada por el patrocinante Ramón Rodas. Supuestamente esto formó parte de un arreglo extrajudicial al que las víctimas se vieron obligadas a acceder.
La Fiscalía adjunta realizó la designación conforme y ante el desistimiento del nuevo abogado.
Sobre la investigación, surgieron rumores de presunto “arreglo extrajudicial” para blanquear a los uniformados. Supuestamente el nexo fue la pareja sentimental de la fiscal, el oficial inspector Fabio Santa Cruz. La fiscal recurrió a la gacetilla oficial del Ministerio Público para defenderlo negando el arreglo extrajudicial. Incluso, resaltó que el citado oficial no presta servicios en Alto Paraná, sino que se encuentra en la zona norte del país.