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El viernes 23 julio pasado, el abogado Rodas Torres, representante de las víctimas Gabriel Ramón Prieto y Víctor David Meza, presentó una recusación contra Ocampos Marín por su dudosa actuación en la causa de los agentes de la comisaría 7ª del barrio San José.
Tras recibir la denuncia, la fiscala Ocampos no allanó inmediatamente la comisaría para buscar la droga que supuestamente fue plantada a las víctimas el pasado sábado 17 de julio. En declaraciones a medios de prensa, salió en defensa de los policías negando que usaron armas como se consignó en la denuncia escrita de los afectados.
Ocampos Marín solo imputó por delitos leves a los agentes Antonio Ávalos Pereira, Pedro Javier López Deleón, Francisco Prieto Montiel y Alcides Villalba González, sin considerar figuras como extorsión agravada, asociación criminal y secuestro. Según la denuncia, los jóvenes estuvieron secuestrados en la sede policial por varias horas y pagaron G. 5 millones para recuperar su libertad. Los policías les habrían plantado cocaína para presionar para el pago.
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En otro caso, Ocampos solicitó el blanqueo de cuatro policías de la comisaría 7ª imputados por asaltar a un extranjero, pese a las pruebas incriminatorias juntadas por la fiscala Vanesa Candia.
El abogado Rodas Torres sostuvo en su escrito de recusación que la cuestionada Ocampos Marín no inspira confianza alguna y pidió la designación de otro fiscal.
Provisoriamente la causa había sido asignada a la fiscala Estela Mary Ramírez, quien citó nuevamente a las víctimas para la declaración testifical y convocó a los policías para otra audiencia indagatoria. Dijo que no descartaba ampliar la imputación y barajaba la posibilidad de atribuir a los agentes la figura de extorsión agravada, que tiene una expectativa de pena de hasta 15 años de cárcel.
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Sin embargo, la carpeta fue sacada de Ramírez por disposición de Rosetti Miranda, quien entregó la causa otra vez a Ocampos Marín.
El fiscal adjunto sostuvo que la confirmación de Ocampos fue a raíz del desistimiento del querellante, aunque el abogado Rodas Torres afirmó que en ningún momento presentó un escrito de desistimiento de la recusación.
La versión del abogado Rodas Torres compromete al fiscal adjunto en los hechos punibles de producción y uso de documento público de contenido falso, que está castigado hasta con diez años de cárcel.
Intentamos comunicarnos vía telefónica con el fiscal adjunto Rosetti, pero no tuvimos retorno. No obstante, nuestra redacción está abierta para escuchar su versión.