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La comitiva fiscal-policial llevó a cabo el procedimiento en el marco de una denuncia presentada iCrop SA, empresa “reguladora” de la explotación de máquinas tragamonedas en todo el país. Los datos refieren que la firma ya había notificado a los locales intervenidos hace 30 días, a fin de regularizar su situación.
El primer punto inspeccionado se encuentra ubicado en el barrio Ciudad Nueva, de donde se incautaron 13 máquinas. Estos estaban en un salón exclusivo para estos juegos de azar. Posteriormente, los intervinientes “visitaron” dos bodegas situadas prácticamente uno al lado del otro en el barrio Santa Ana, donde no encontraron evidencias.
Luego siguieron unos metros y llegaron a un comercio de boca de cobranza. En este último local, uno de los responsables, cuya identidad no trascendió, se resistió a que la comitiva ingrese a verificar por lo que se registraron incidentes hasta que finalmente terminó cediendo. De allí se alzaron con dos tragamonedas que estaban guardadas.
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La fiscal Carolina Rosa Gadea explicó que el Ministerio Público verifica si los locales están autorizados por la firma “reguladora” para la explotación de estos juegos y en caso de que se constate de que no cuentan con la habilitación correspondiente se procede a la incautación de los aparatos. Además se llama a los responsables a prestar declaración indagatoria, a los efectos de presentar su descargado con respecto a la situación de las máquinas y posteriormente se presenta una imputación si corresponde.
Con respecto al dinero que puedan contener los aparatos, expuso que se labra acta y este queda incautado como evidencia a disposición del Juzgado Penal de Garantías.