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En la mañana de este miércoles se llevó a cabo la apertura de los sobres de ofertas presentadas por las empresas, en un acto público realizado en la oficina de la Unidad Operativa de Contrataciones de VI Circunscripción Judicial de Alto Paraná, con asiento en el Palacio de Justicia de Ciudad del Este.
Cuatro proveedoras se alistaron en la puja por la millonaria licitación pública.
Se trata de Laya Construcciones SA, que propuso la oferta más baja, aunque tiene malos antecedentes (ver infografía); Potî SA, que registra una amonestación de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas por incumplimiento de obligaciones contractuales; y Mafara SA, que tiene en su prontuario una inhabilitación por conducta fraudulenta. Además, de Fumisan SA, que no tiene antecedentes, pero presentó la oferta más costosa.
En la etapa de observaciones, la apoderada de Potî SA Noelia Balbuena Ortega cuestionó a las firmas Laya Construcciones, Mafara y Fumisan por supuestamente presentar de forma deficiente la declaración jurada de bienes y rentas de la sociedad empresarial y de los socios.
Paradójicamente Potî SA se escuda con tres resoluciones de inconstitucionalidad para ocultar la declaración de bienes y rentas de la empresa y de sus accionistas.
Mientras que María Ramírez de Benítez, de Fumisan SA, solicitó el desglose de los precios, ya que las demás proveedoras presentaron oferta por debajo del precio referencial de la licitación que asciende a G. 6.704 millones.
CDE: Convocan millonaria licitación para limpieza en Poder Judicial
Las ofertas y las observaciones planteadas serán analizadas por el comité de evaluación, que deberá emitir un dictamen para recomendar la adjudicación de la licitación a una empresa. La palabra final final tendrá el Consejo de Administración de la VI Circunscripción Judicial, integrado por los camaristas Bertha Ávalos, Juliana Giménez y Efrén Giménez.
Actualmente la empresa Ambiental del Este SA, representada por Andre Rodríguez Vera y atribuida a su cuñado ex diputado Elio Cabral (ANR, cartista), está a cargo del servicio de limpieza en el Palacio de Justicia, mediante un contrato de 3.300 millones con duración de once meses.
El Consejo de Administración suspendió los pagos a Ambiental del SA, debido a que abonaba sin el sistema bancario el salario a sus funcionarios. La exigencia de pago vía banco es para controlar si realmente la proveedora abona el salario mínimo a los limpiadores.
Concejal investigación contra Cevima SA por supuesta estafa a limpiadoras
El Consejo de Administración había rescindido el contrato a la anterior proveedora Cevima SA, de Claudio Escobar Brizuela, por no abonar el salario mínimo exigido en la licitación. Escobar Brizuela es investigado por la Fiscalía por supuesta estafa a las limpiadoras.