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La dudosa postura de la fiscala Ocampos Marín favorece a los policías Freddy Miguel Villalba Ramírez, Santiago Acosta, Carlos Sanabria Paredes y Alfredo Mendoza Said, quienes soportan cargos por robo agravado y privación de libertad. Igualmente, son beneficiados el abogado José Gil López y el taxista Bienvenido Acosta, ambos procesados como presuntos encubridores de los supuestos polibandis.
En la audiencia preliminar, la fiscala Ocampos Marín solicitó el sobreseimiento provisional para los procesados con el pretexto de que había diligencias pendientes. La figura de sobreseimiento provisional está establecida para completar pruebas pendientes a fin de cerrar la investigación, pero en práctica es empleada para enfriar el proceso y luego finiquitar el blanqueo.
La jueza Burró Franco se opuso a la pretensión fiscal de congelar el proceso, ya que encontró pruebas incriminatorias que ameritan el juzgamiento de los acusados, y remitió la carpeta al fiscal Adjunto Humberto Rosetti Miranda. Rosetti revisará la actuación de Ocampos Marín y podrá ratificar o rectificar su posición.
Procesan a cuatro policías, un abogado y a un taxista por millonario robo a extranjero
Los cuatro policías, el abogado y el taxista están procesados tras un robo a mano armada perpetrado en perjuicio del comerciante Roger Ruiz Ramos, en el Área 1, el 15 de diciembre de 2019.
El afectado denunció que fue raptado en una barrera de control por los policías, quienes supuestamente le despojaron 125.000 reales, alrededor de G. 153 millones al cambio actual.
Al principio, la fiscala Vanesa Candia solo tenía la denuncia de la víctima y los policías negaron el hecho. Pero luego de un año de investigación, Candia logró unir cabos que refuerzan la versión del comerciante extranjero para finalmente presentar la imputación en diciembre de 2020.
Mediante las imágenes de circuito cerrado colectadas se comprobó que los uniformados procesados trasladaron a la víctima hasta una zona boscosa del Área 1, donde se habría realizado el robo. Las grabaciones igualmente registraron cuando el taxista Bienvenido Acosta recogió a la víctima para trasladarlo al Brasil, a pedido de los policías.
El taxista Acosta también había negado el hecho, pero su vehículo fue filmado en el Área 1 y cuando cruzó por la Aduana paraguaya.
El informe técnico de las empresas de telefonías sobre la localización de los teléfonos de los agentes coincide con los desplazamientos citados en la denuncia por la víctima.
El informe también señala que el taxista se comunicó 21 veces con el policía Santiago Acosta mientras el extranjero se encontraba privado de su libertad.
La víctima había recurrido al abogado Gil López para la presentación de la denuncia en la comisaría 7ª. Pero, llamativamente después el profesional del derecho quiso retirar la denuncia a espalda de su cliente extranjero.
El reporte técnico de las telefonías indica que Gil López mantuvo cinco comunicaciones telefónicas y un encuentro con el policía Fredy Villalba antes de intentar retirar la denuncia. Se sospecha que ambos habrían llegado a un acuerdo para dejar impune el caso del robo y rapto.
La defensa de los procesados recusó a Candia y encontró en Ocampos Marín una fiscal dispuesta a otorgar impunidad.
Nuevo caso
El sábado 17 de julio pasado, se produjo otro nuevo caso de rapto y extorsión que involucra a los agentes de la comisaría 7ª del barrio San José.
Según la denuncia, los jóvenes Gabriel Ramón Prieto y Víctor David Meza fueron supuestamente secuestrados por los policías Antonio Ávalos Pereira, Pedro Javier López Deleón, Francisco Prieto Montiel y Alcides Villalba González.
Las víctimas solo quedaron libres después de pagar G. 5 millones. Este dinero fue prestado por el presunto usurero Fernando Daniel Ortigoza, quien llevó el auto de los afectados como garantía y es investigado como parte del esquema extorsivo.
Conceden arresto domiciliario a policías denunciados de secuestrar a dos jóvenes
Casualmente, la investigación de este caso fue asignada nuevamente a la fiscala Ocampos Marín, quien solo imputó a los policías por delitos menores y sin ilícitos como asociación criminal, extorsión agravada o secuestro.
Intentamos comunicarnos vía telefónica con la fiscala Ocampos, pero no tuvimos retorno. No obstante, nuestra redacción está abierta a escuchar su versión.