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Los procesados soportan cargos por estafa y apropiación y se encuentran con libertad condicional.
Según la denuncia, el 17 de junio de 2011, la víctima había comprado un inmueble de 20 hectáreas en Minga Guazú de Kakazu por la suma de US$ 280.000. El acuerdo fue a través de un contrato privado y el comprador supuestamente pagó US$ 120.000 y por los restantes US$ 160.000 firmó un pagaré que habría sido cancelado el 11 de marzo de 2013. Luego, se realizó la transferencia de propiedad a la víctima, pero el vendedor se habría negado a devolver el pagaré a García.
Posteriormente, el 15 de junio de 2014, la víctima fue notificada sobre una demanda de juicio ejecutivo presentada en su contra por López de Araújo, quien reclamaba el pago de US$ 177.500 en base al cheque firmado por el afectado y endosado por Kakazu.
Ante los gastos y pérdidas del juicio ejecutivo, la víctima inició una convocatoria de acreedores donde se presentaron los abogados Benítez Viedman y Ayala. El primer letrado reclamaba US$ 10.000 por honorarios del segundo, que a su vez pedía US$ 77.500, mientras que López de Araujo insistía en el cobro de US$ 177.500.
La víctima habría cancelado nuevamente las millonarias deudas presuntamente bajo extorsión. El abogado Ayala Garcete supuestamente había adquirido el crédito de López de Araújo y exigía otro pago a la víctima, a quien aún no se le devolvió el pagaré.