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La Corte Suprema de Justicia había dispuesto los procedimientos específicos para la realización de esta diligencia por lo que se procedió a la incineración de evidencias que se encontraban en la bóveda del Palacio de Justicia.
El lote de evidencias destruidas incluyó estupefacientes en varias clases, los cuales tenían borradas las descripciones que identificaban las causas por el transcurrir de los muchos años de almacenamiento. Los especialistas sugirieron la realización del procedimiento fuera del cono urbano, para evitar cualquier efecto que hubiera podido afectar a sus habitantes, razón por la cual se utilizó las instalaciones de la Tercera División de Infantería, ubicada en el barrio San Juan de Ciudad del Este.
El procedimiento estuvo a cargo de un equipo multidisciplinario que tuvo como coordinadora general a la magistrada Nilda Cáceres. Igualmente participaron el Jefe de la bóveda del Palacio de Justicia, Santiago Cardozo; la supervisión le ha correspondido a expertos en sustancias estupefacientes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).