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Los investigadores realizaron los procedimientos con mucho sigilo, para asegurar que los funcionarios de la penitenciaría no lleguen a filtrar los datos de la pesquisa. Los operativos estuvieron a cargo de la fiscal Zunilda Ocampos Marín, titular de la Unidad Especializada Antisecuestro. Estuvo acompañada del fiscal adjunto de la citada unidad, Federico Delfino y la ministra de Justicia, Cecilia Pérez Rivas, además de los agentes policiales de Antisecuestro.
Los intervinientes relataron que el 10 de mayo pasado, la víctima recibió el primer mensaje de extorsión, desde una línea telefónica brasileña. Al día siguiente el afectado realizó los giros dinero de la suma de G. 13.000.000 a tres números telefónicos diferentes (paraguayos) y esa misma fecha volvieron a enviar los mensajes extorsivos.
El 12 de mayo se realizó la denuncia y se dio inicio a la investigación en la Oficina Regional del Departamento Antisecuestro de Personas, pues la víctima contó que recibió amenazas de muerte y secuestro que afectaría tanto a él como a su familia.
El 7 de junio pasado, la víctima volvió a recibir extorsión y amenaza, inclusive un video realizado en inmediaciones de su vivienda, donde se puede apreciar a varios sujetos armados intimidándole. Luego el monto de dinero exigido subió, alcanzando la suma de US$ 100.000, quedando como fecha tope para el pago el día de hoy, hasta la puesta del sol, fecha en que se ejecutaron los procedimientos.
Los primeros allanamientos se realizaron en las celdas de la cárcel regional de Ciudad del Este y posteriormente en los puestos de cobros de los giros efectuados por la víctima. En los demás allanamientos, que se desarrollaron en los barrios San Francisco de Hernandarias y La Blanca y Carmelitas de Ciudad del Este, fueron detenidos los sospechosos.
Los detenidos son Freddy Antonio González, Adolfo Paredes, Gloria Estela Cantero Domínguez, Jonás de Amaral Bentos y Liza Gutiérrez Alarcón, quienes son investigados por los supuestos hechos punibles de extorsión, extorsión agravada y coacción grave. Los dos primeros son guardiacárceles. Los mismos supuestamente se encargaban de entregar la plata de la extorsión a los reclusos, que era cobrada por otros integrantes de la banda a través de billeteras electrónicas. Los demás reclusos presumiblemente implicados en las extorsiones serían Adilson Marques, Ramón Fretes Viveros, Ángel Gabriel Colmán y Edgar Ferreira. Mientras Marcio Cuadra Caetano sería la persona que facilitó informaciones sobre la víctima, según los datos.
En uno de los operativos, fue intervenida la Farmacia Astral, en el distrito hernandariense, donde fue detenida Liza Gutiérrez Alarcón, propietaria del local, con más de G. 18 millones, monto que estaba depositado a nombre del recluso Edgar Ferreira. El dinero también sería producto de extorsiones a otras víctimas de la misma banda.
En la oportunidad, igualmente fueron requisados cuatro vehículos, ocho celulares, un DVR de almacenamientos de imágenes y una agenda de registro de datos, al igual que otras evidencias.