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Algunas fincas están ocupadas hace más de dos años y otras fueron ocupándose en los últimos meses. Entre los invasores están aborígenes que se identifican como integrantes de la Comunidad Indígena “Ka’a Poty’i”, encabezada por Marta Isabel Díaz de Goncalves.
Los son inmuebles individualizados como, Finca Nº 1808, con una superficie de 16 hectáreas, propiedad de Cayo Raúl Alfonso Vera, CI Nº 719.426 y cuatro lotes agrícolas con una superficie total de 26 hectáreas, de Pedro Rufino Torrás Maldonado. Estos afirman que habían adquirido las fincas del entonces IBR, en 1992.
Luego de varias semanas de recurrir a la justicia lograron la orden de desalojo firmada por la jueza de Itakyry Emilce González, que debía ejecutarse a tempranas horas de este lunes. Un importante contingente policial, encabezado por el director de Policía de Alto Paraná, comisario Silvio Leguizamón, se trasladó hasta la zona para ejecutar el procedimiento.
Estos fueron recibidos por un grupo de aborígenes, entre ellos muchos niños que estaban munidos de bombas molotov, machetes y palos.
Cuando el oficial de justicia, Wilfrido Prieto, dio lectura al mandamiento a los líderes de los aborígenes. dijeron que no reconocen el mandamiento judicial, hicieron alardes de que ya hubo una orden “desde Asunción” para que no se ejecute el desalojo y que no saldrán a las buenas del lugar. Alegaron que el Indi les había otorgado una propiedad de 1.364 hectáreas de tierra, en el año 1996, e ingresaron en la propiedad en el 2018.
Retrasan desalojo de propiedades de Itakyry
Hugo Ramírez, quien habló en representación de los aborígenes de la parcialidad Ava Guaraní, explicó que son 26 familias y que cuentan con el título de la propiedad. Señaló que desde la institución ya promovieron acciones judiciales para recuperar el inmueble.
Como no se hicieron presentes los representantes del Indi, pese a las notificaciones, el comisario Leguizamón dijo que recibió instrucciones de suspender el desalojo, pues el protocolo así lo exige.
Juan de la Cruz Alfonso, uno de los afectados por la invasión, contó que hace más de 30 años reside en el lugar y que cuenta con el título de poco más de 7 hectáreas. Lamentó que no se haga cumplir la orden judicial y criticó duramente a las autoridades. “Todas las autoridades no valen la pena, en primer lugar nuestro presidente es un gran bandido, lastimosamente el pueblo paraguayo votó por él. Ya tuve un preinfarto a causa de este problema”. Su hija, la abogada Liz Carolina Alfonso, dijo que la situación es insostenible y que actuarán por sus propios medios. “No soportamos más esta situación, los propios van a proceder si vuelve a suspender. Es la tercera vez que se intenta ejecutar desalojo”, resaltó. Le responsabilizó al comandante de la Policía y autoridades del INDI de lo que ocurra en la zona.
Mientras, la abogada Michelle Bettancourt, quien asiste a uno de los afectados por la invasión, manifestó que su cliente está prácticamente secuestrado hace más de 15 días, pues no puede entrar ni salir de la propiedad porque los supuestos invasores colocaron una barricada en el acceso de su propiedad.
Ambas abogadas coinciden en que la ausencia del INDI no es justificativo para ejecutar el desalojo pues fueron notificados debidamente. Afirmaron además que en otras ocasiones se realizaron desalojo.